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Ausencia de Gobierno regional de Puno en zona de frontera

Dirigente solicita asesoría legal para recuperar predios de las comunidades que están registrados a favor del Estado desde hace más de 80 años

Comunidades en zona de frontera de Puno exigen al gobierno regional proyectos de inversión pública en infraestructura para aprovechar sus recursos y desarrollar la producción agrícola

Las comunidades de Llanqueri y Cruzani, en el distrito de San Antonio de Esquilache, Puno, enfrentan una crítica falta de proyectos de inversión pública, especialmente en infraestructura productiva, según declaró Edwin Ticona Patina, presidente del Comité de Defensa de estas parcialidades. Ticona instó al Gobierno Regional de Puno a intervenir con proyectos de envergadura en zona de frontera, ya que los gobiernos locales no cuentan con el financiamiento necesario para asumir estas responsabilidades.

«Necesitamos urgentemente proyectos de infraestructura productiva, como cobertizos y sistemas de riego. Tenemos fuentes de agua y cuencas que deberían ser aprovechadas para el desarrollo agrícola, pero hasta ahora no hay presencia del gobierno regional en esta zona fronteriza», comentó Ticona en conversación con Valgan Verdades de Pachamama Radio. Agregó que el Programa Regional de Riego y Drenaje debería llegar a San Antonio, una zona que carece de infraestructura de riego a pesar de contar con recursos hídricos que fluyen hacia el Alto Tambo.

El dirigente destacó la falta de proyectos en la zona, mientras que Moquegua, la región vecina, ha hecho promesas de intervención con proyectos de inversión pública, aunque sin resultados concretos hasta el momento. «Moquegua ofrece proyectos, pero solo para aquellos que cambien su identidad regional a favor de Ichuña. Sin embargo, hasta ahora solo han implementado módulos de cobertizo a través de programas nacionales como AgroRural», mencionó Ticona.

Ticona enfatizó la necesidad de asesoría legal y jurídica para que las comunidades puedan recuperar los predios que actualmente están registrados a favor del Estado. «Hemos iniciado procesos para revertir este registro, pero es necesario judicializar el caso para recuperar nuestros derechos como propietarios de los terrenos que hemos ocupado durante más de 80 años», señaló. También sugirió que una alternativa sería la intervención del gobierno con proyectos de inversión pública en estos terrenos, lo cual podría gestionarse mediante el Sistema Nacional de Bienes Estatales (SBN).

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