Hombres armados invadieron el territorio indígena Kampa el 6 de julio en la frontera Brasil-Perú, según denunció el coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas del Río Juruá, Francisco Piyãko, mientras cinco hispanohablantes con ametralladoras buscaban líderes ashaninka para matarlos.
La ruta del río Solimoes, controlada por el grupo criminal brasileño Comando Vermelho según el coronel retirado César Mello, moviliza cocaína peruana, colombiana y boliviana hacia puertos brasileños del Atlántico con destino a Europa.
«El Estado reconoce formalmente sus territorios, pero no traduce esa presencia en protección continua adaptada a sus necesidades específicas», afirmó el mayor Jonatas Soares, oficial de policía en la ciudad fronteriza de Tabatinga, Amazonas.
Resistencia indígena frente al avance criminal
El territorio ashaninka, recuperado hace tres décadas de colonos, se convirtió en un modelo de gobernanza autónoma y agricultura sostenible con protección forestal, pero la densa cobertura arbórea facilita ahora el ocultamiento de narcotraficantes armados.
En comunidades donde escasean las oportunidades económicas, los grupos criminales reclutan a jóvenes indígenas ofreciendo dinero y estatus, y cuando esto falla recurren a la violencia, según explicó el coronel Mello, profesor de la Universidad Federal de Pará.
«Tenemos una larga historia de oposición a cualquier actividad ilegal», declaró Francisco Piyãko tras presentar una denuncia formal ante autoridades de Acre y el Ejército brasileño, lo que motivó el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona del río Amonia.
Respuesta institucional insuficiente y proyecciones
El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño anunció que recibirá a los líderes ashaninka en Brasilia para escuchar sus demandas y evaluar acciones conjuntas con el gobierno peruano, mientras el Supremo Tribunal Federal ordenó intensificar el combate al crimen en la Amazonía.
«Una cosa es que externos entren a robar recursos como madera, pero esto fue distinto: entraron buscando a nuestros líderes con intención de matarlos», afirmó Piyãko, y subrayó que enfrentar a grupos armados es deber del Estado brasileño y peruano, no de los indígenas.
La comunidad ashaninka permanece conmocionada pero firme, mientras la presencia de fuerzas de seguridad sigue siendo temporal frente a amenazas permanentes, y la ausencia estatal en territorios remotos deja a los pueblos indígenas como poblaciones vulnerables ante el crimen organizado.
