El abogado Carlos Torres, defensor de las víctimas del caso Cuenca Ramis, anunció que finalmente se ha iniciado el juicio contra dos comandantes y un general por el asesinato de seis pobladores rurales y 60 heridos durante una protesta el 24 de junio de 2011 en Puno.
Después de 14 años de espera, el proceso judicial comenzó el día anterior a las 14:30 horas en Juliaca. El colegiado que dirige el caso está conformado por jueces en quienes Torres confía plenamente. Los imputados son el general Ever Rosas Bejarano y los ex comandantes Dávila y Medina.
Torres asumió la defensa de las víctimas desde el inicio del caso, sin cobrar honorarios. Destacó que el fiscal Juan Salinas Cuadros, ya fallecido, sentó las bases de la investigación al capturar el plan de operaciones, lo que permitió establecer la estructura de mando policial.
El abogado señaló que hubo obstáculos y dilaciones por parte de algunos fiscales, como Rafael Peñaloza. Sin embargo, gracias a la persistencia de las víctimas y sus familias, lograron evitar que el caso se archivara. El fiscal Ernesto Callao fue clave para formalizar la acusación.
Entre las pruebas existentes, Torres mencionó testimonios, documentos y videos que muestran cómo se ordenaba disparar a la cabeza de los manifestantes. Cinco de las seis víctimas fallecieron por impactos de bala en la cabeza, mientras que la sexta murió días después por heridas en el abdomen.
El prolongado proceso ha afectado profundamente a las familias de las víctimas. Algunas viudas quedaron con niños pequeños, ahora adolescentes. Torres describió que se formó un vínculo estrecho entre las familias y los abogados, apoyándose mutuamente durante estos 14 años de lucha.
A pesar de la gravedad del caso, el abogado denunció que el Estado no ha brindado ningún tipo de apoyo a las víctimas y sus familias. No han recibido asistencia psicológica, económica ni educativa. Incluso las autoridades locales que inicialmente expresaron su respaldo, luego les dieron la espalda, Torres resalto un hecho ‘Vimos cómo nuestro presidente, el señor Campos, un odontólogo, en el trayecto de Chupa a Juliaca, porque teníamos que hacer una documentación, tuvo un accidente en el puente Calapurca y falleció’
Torres relató que él mismo fue objeto de persecución y acoso durante varios años después de los hechos. Era constantemente vigilado por la policía e inteligencia militar, y enfrentaba dificultades para moverse libremente, especialmente de noche.
El abogado lamentó la lentitud de la justicia en Perú y la falta de apoyo a las víctimas.
A pesar de las dificultades, Torres y las familias de las víctimas mantienen la esperanza de alcanzar justicia en este juicio que se espera dure entre tres y cuatro meses. El abogado enfatizó que no buscan venganza, sino que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.
Después de una reciente audiencia, se escucharon expresiones hostiles de familiares de los acusados, Torres menciono se escuchó claramente de la hija de un oficial ‘hay que meterle más balas a esos miserables’, evidenciando la persistencia del conflicto y la hostilidad.
El caso Cuenca Ramis evidencia las graves consecuencias de la minería ilegal e informal en la zona, así como la represión violenta contra protestas legítimas. Torres instó a los medios de comunicación a mantenerse atentos al desarrollo del juicio y apoyar la búsqueda de justicia para las víctimas.
