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Coaseños anuncian protestas por desidia de autoridades que no responden a llamados de auxilio pese a agudizarse conflicto que deja un muerto

Familiares del joven Luis Fernando García muerto en emboscada en Puno piden a autoridades apoyo y seguridad para rescatar su cadáver

Familiares de Luis Fernando García, joven coaseño fallecido en una emboscada en Puno perpetrada por mineros ilegales, piden apoyo y seguridad

Familiares del joven coaseño, Luis Fernando García Pacco, fallecido hace 5 días tras una emboscada al campamento de una comunidad en el sector de Chiwi por presuntos mineros ilegales del distrito de Limbani provincia de Sandia, anunciaron la realización de protestas a la ciudad de Puno para exigir a las autoridades el apoyo y seguridad para rescatar el cadáver del joven asesinado.

René Pacohuanaco, tío del occiso de 23 años, indicó que desde hace una semana vienen intentando ingresar al sector Chiwi del río Inambari para rescatar el cuerpo; sin embargo, al momento no se puede, ya que los mineros ilegales del distrito de Limbani se encontrarían armados. Por lo que responsabilizó a las autoridades de no escuchar los pedidos de protección previos al ataque.

El joven García Pacco murió durante una emboscada perpetrada en el distrito de Coasa, provincia de Carabaya, por un grupo del distrito vecino de Limbani, provincia de Sandía. Él fue baleado en la cabeza, según confirmó su tío.

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El ataque formaría parte de la disputa de la minería ilegal de oro en territorios selváticos, hecho que viene tomando fuerza en grupos armados que operan en zonas como Carabaya y Sandia sin que las autoridades hagan algo. Además, la zona se ha vuelto común el uso de armas de fuego, dinamita y machetes.

El resultado de la emboscada del 29 de noviembre es de un muerto, 6 heridos y 15 desaparecidos. También se produjeron daños materiales y ambientales. Previamente, los pobladores de Chiwi habían pedido sin éxito mayor protección policial ante posibles agresiones.

Las autoridades locales pidieron la urgente intervención de los ministerios del Interior y Defensa, además del Gobierno Regional de Puno, para proteger a la población civil y abordar el conflicto armado entre bandas mineras ilegales que se agudiza.

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