El Colegio de Abogados de Puno, encabezado por José Luis Ticona Yanqui, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32293, señalando que esta norma pone en peligro la propiedad comunal y la identidad de miles de familias campesinas de la región.
Ticona Yanqui explicó que la preocupación surgió luego de recibir numerosas llamadas de dirigentes rurales, quienes temen que la ley facilite la pérdida de sus territorios ancestrales, lo que ha generado alarma en las comunidades de Puno.
El Colegio sostiene que la Ley 32293 debilita la seguridad jurídica de las comunidades, ya que permite la formalización de posesiones individuales en tierras comunales, exponiendo a los pueblos a una situación de mayor vulnerabilidad.
La demanda se fundamenta en los artículos 88 y 89 de la Constitución, que reconocen la propiedad comunal como inalienable y protegida, estableciendo que estos territorios no pueden ser vendidos ni transferidos bajo ninguna circunstancia.
El gremio de abogados también argumenta que la ley contradice tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que exige consulta previa a las comunidades antes de cualquier cambio legal que afecte sus derechos colectivos.
El decano advierte que la norma abre la puerta a la titulación individual en zonas comunales, lo que podría facilitar el ingreso de terceros interesados en explotar recursos naturales, como minerales o hidrocarburos.
El Colegio de Abogados de Puno señala que la ley afecta el principio de igualdad y no discriminación, ya que expone a las comunidades más vulnerables a perder sus tierras y su modo de vida tradicional.
Según el análisis de Ticona Yanqui, la norma representa una amenaza directa a la cohesión social, pues debilita la forma en que las comunidades resuelven conflictos y mantiene sus valores culturales.
La demanda fue presentada el 26 de junio ante el Tribunal Constitucional, y el Colegio espera que la instancia acepte el caso para iniciar el proceso de revisión legal de la Ley 32293.
En caso de que la demanda no prospere en el Tribunal Constitucional, Ticona Yanqui ha manifestado la intención de acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para buscar protección a los derechos comunales.
El Colegio de Abogados de Puno también presentó una demanda contra el Decreto Ley 1589, norma que consideran pone en riesgo el derecho a la protesta y la libertad de expresión de los ciudadanos.
Ticona Yanqui sostiene que el Decreto Ley 1589 endurece las sanciones y puede ser usado para restringir la participación ciudadana en manifestaciones pacíficas, afectando derechos fundamentales.
La preocupación del Colegio se extiende a la posibilidad de que estas normas generen un clima de intimidación y temor, dificultando la defensa de los intereses de las comunidades rurales y urbanas.
Las autoridades originarias de Puno han respaldado la acción legal del Colegio de Abogados, señalando que la Ley 32293 representa una amenaza para la integridad territorial y los derechos colectivos de los pueblos andinos.
El rechazo a la Ley 32293 se ha extendido a otras regiones, como Cusco y Arequipa, donde comunidades y organizaciones sociales coordinan acciones para exigir la revisión y derogatoria de la norma.