La comunidad campesina de Untuca de la provincia de Sandia alista una nueva marcha de sacrificio contra el Ministerio Público, tras acusar a la Autoridad Nacional de Control del ministerio público de encubrir, al fiscal de Sandia Aníbal Surco Ccorimanya, quien enfrenta denuncias por un presunto favorecimiento a la minería ilegal y parcialización en un conflicto por terrenos.
El fiscal también es acusado de destruir, durante una inspección realizada el 12 de enero en la comunidad de Untuca, un motor eléctrico que debía constituir la cadena de custodia de la investigación en su contra.
El abogado de la comunidad de Untuca, Ronald Ferreyros Calisaya sostuvo que la exclusión de la comunidad de las investigaciones carece de sustento, pues ya acreditaron la propiedad del bien, «no hay un fundamento objetivo y válido» para dicha decisión, afirmó el letrado.
Fiscal es acusado de favorecer a mineros ilegales
El fiscal Surco Ccorimanya acusado de sesgar su investigación a favor de mineros ilegales, al admitir documentos falsos presentados por Concepción Mamani Condori, denunciante señalado previamente como minero ilegal por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).
El 20 de mayo, cientos de pobladores de la comunidad campesina de Untuca llegaron hasta la ciudad de Puno para exigir un proceso disciplinario y acciones concretas contra el fiscal cuestionado por su presunta parcialidad.
Ferreyros indicó que, el fin de semana, la comunidad se reunió en Untuca y acordó desplegar nuevas acciones, tras la exclusión decretada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, pese a las pruebas presentadas.
ANC se contradice sobre legitimidad de comuneros
La fiscal Nataly Tapia Montes había acogido inicialmente la denuncia contra Surco Ccorimanya, reconociendo, mediante la resolución número 10, que la comunidad de Untuca sí contaba con legitimidad para obrar, concediéndole un recurso de apelación.
Sin embargo, según Ferreyros, la propia fiscal se contradijo después, al emitir una nueva resolución que niega dicha legitimidad e invoca el artículo 42 de la Ley del Procedimiento Disciplinario del Ministerio Público.
La comunidad mantiene su recurso de apelación ante la unidad de apelaciones de la Autoridad Nacional de Control en Lima, mientras alista la nueva marcha de sacrificio para exigir una investigación imparcial contra el fiscal, Aníbal Surco.
