Las autoridades originarias quechuas de las comunidades campesinas del distrito de Atuncolla remitieron un memorial dirigido al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, mediante el cual expresan su respaldo a los magistrados Oswaldo Mamani Coaquira, Edwin Sarmiento Apaza y Nicolás Apaza Gonzales.
En el documento, las autoridades originarias y la población de Atuncolla manifiestan su profunda preocupación ante la pretensión de la empresa minera Cal & Cemento Sur S.A. de desconocer el derecho a la consulta previa, reconocido y protegido por la Sentencia de Vista N° 699-2025, recaída en la Resolución N° 30 de fecha 19 de setiembre de 2025 (expediente 665-2017-0-2101-JR-CI-02) emitida en el marco del Convenio 169 de la OIT. Asimismo, cuestionan los intentos de anular, desacreditar, presionar o demandar a los jueces que emitieron dicha resolución, al considerar que estas acciones constituyen un hecho grave y un atentado contra el correcto ejercicio de funciones de los magistrados del Poder Judicial.
El memorial cuenta con 198 firmas de autoridades originarias y pobladores del distrito de Atuncolla, quienes respaldan esta posición en defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
En el año 2025, los magistrados antes mencionados, integrantes de la Sala Civil de Puno, emitieron una sentencia histórica que reconoce, protege y reivindica los derechos de los pueblos indígenas, especialmente el derecho a la consulta previa, al territorio y a la autodeterminación de los pueblos originarios. La resolución judicial dispuso la nulidad de más de siete mil hectáreas de concesiones mineras otorgadas a Cal & Cemento Sur S.A., debido a la vulneración del derecho a la consulta previa de la Comunidad Campesina San José de Principio de Atuncolla. La sentencia se dio, después de más de ocho años de lucha judicial y defensa legal emprendida por dicha comunidad campesina de Atuncolla.
Con esta decisión, los magistrados dieron la razón a las comunidades quechuas del distrito de Atuncolla, estableciendo un importante precedente en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el Perú.
¿Qué pasó y desde cuándo?
El fallo judicial favorece a la Comunidad Campesina San José de Principio de Atuncolla, así como a las Asociaciones de Productores Agropecuarios Asunción de Buena Vista y a la Empresa Comunal Los Ángeles Buena Vista de la Comunidad Campesina San Salvador de Cotos, las cuales iniciaron una lucha judicial en el año 2017 al interponer una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y la empresa minera Cal & Cemento Sur S.A., perteneciente al Grupo Gloria, por la vulneración de sus derechos a la consulta previa, al territorio y a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
