El secretario general de Construcción Civil de la provincia de San Román, Miguel Coaquira Yerba, denunció que empresas que ejecutan nuevas obras en Juliaca contratan personal de otras regiones y no respetan el régimen especial del sector. El dirigente exigió que las obras prioricen mano de obra local y advirtió sobre el riesgo de personas ajenas a la región.
“Estamos insistiendo en las nuevas obras que están iniciando que el personal que participe de esas obras sea netamente de la ciudad de Juliaca”, declaró Coaquira. Señaló que el Centro de Salud del Pueblo Joven La Revolución y el mantenimiento del aeropuerto son proyectos donde las empresas habrían contratado trabajadores de fuera, pese a existir mano calificada en la zona.
El dirigente sostuvo que esta práctica quita oportunidades laborales a los trabajadores de Juliaca y de la región Puno. Advirtió que personas provenientes de zonas donde la extorsión es frecuente podrían llegar a la ciudad, aunque precisó que su afirmación corresponde a una preocupación gremial y no a una acreditación de hechos delictivos.
Respecto al Centro de Salud del Pueblo Joven La Revolución, Coaquira indicó que durante la colocación de la primera piedra se advirtió al gobernador regional sobre la necesidad de trabajar con personal de la zona. Sin embargo, afirmó que la empresa hizo oídos sordos a esa recomendación y continuó con la contratación de trabajadores foráneos.
En cuanto a las obras municipales, el secretario general afirmó que la gestión del alcalde Óscar Cáceres cerró las puertas del municipio al diálogo con el gremio. “Nos ha cerrado las puertas del municipio para poder tener diálogos favorables hacia nuestra gente”, cuestionó, al señalar que existen quejas por pagos que no corresponden a la ley.
Coaquira explicó que el municipio paga S/ 2.300 mensuales a un operario, mientras que el régimen especial de construcción civil establece S/ 1.040 semanales. Señaló que este incumplimiento también afecta a los cargos de oficial y peón, cuyas remuneraciones y funciones no se respetan en las obras públicas y privadas.
El dirigente mencionó que toda obra que supera las 50 unidades impositivas debe estar bajo el régimen especial de construcción civil. Indicó que el gremio denunció esta situación ante las instancias correspondientes y pidió la intervención de la Contraloría para verificar los sobrecostos y las modificaciones presupuestales en las obras.
“El señor tiene un acta firmada con nosotros en nuestro local sindical”, afirmó Coaquira al referirse al compromiso del alcalde de respetar el régimen especial. Sostuvo que dicho acuerdo no se cumplió y expresó su decepción con la clase política, a la que acusó de usar a los trabajadores durante las campañas y luego cerrarles las puertas.
