Las restricciones impuestas por autoridades de Panamá y costarricenses a migrantes deportados han desatado una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian la confiscación de pasaportes y teléfonos celulares en medio de un flujo migratorio inverso sin precedentes. Ambos países centroamericanos han recibido cientos de deportados enviados por Estados Unidos mientras simultáneamente lidian con miles de migrantes que abandonan sus intentos de llegar al norte, registrándose 2,200 personas moviéndose hacia el sur tan solo en febrero.
“Somos un reflejo de la actual política migratoria de Estados Unidos”, afirmó Harold Villegas-Román, profesor de ciencias políticas y experto en refugiados de la Universidad de Costa Rica, quien agregó que existe un enfoque exclusivo en control y seguridad sin consideraciones hacia los derechos humanos. Los funcionarios de ambos países justifican sus acciones como medidas de protección contra traficantes de personas, aunque la falta de transparencia y el aislamiento de los migrantes generan preocupación entre observadores independientes.
A principios de mes, Estados Unidos deportó a 299 personas principalmente de países asiáticos hacia Panamá, donde aproximadamente 150 aceptaron regresar a sus países de origen con asistencia de agencias de la ONU y financiamiento estadounidense. Carlos Ruiz-Hernández, viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, indicó que un pequeño grupo está en contacto con organizaciones internacionales mientras evalúan la posibilidad de solicitar asilo en territorio panameño, aunque subrayó que ninguno desea permanecer en el país.
Condiciones de detención y restricciones en Panamá
Una deportada china, quien habló bajo condición de anonimato, reveló que fue enviada a Panamá sin información sobre su destino ni documentos de deportación firmados en Estados Unidos. Las autoridades confiscaron teléfonos y negaron asistencia legal a los migrantes, quienes fueron trasladados desde un hotel en Ciudad de Panamá hasta un campamento remoto en la región del Darién, privándolos de debido proceso según su testimonio.
El presidente panameño José Raúl Mulino cuestionó la idea de que estos migrantes pudieran tener representación legal, mientras organizaciones como Human Rights Watch advierten que “Panamá no puede convertirse en un agujero negro para migrantes deportados”. Juan Pappier, subdirector para las Américas de esta organización, enfatizó que los migrantes tienen derecho a comunicarse con sus familias y buscar abogados, exigiendo garantías de transparencia sobre sus condiciones.
Para quienes intentan regresar voluntariamente, como Kimberlyn Pereira, venezolana de 27 años que viaja con su esposo e hijo de 4 años, la situación también resulta confusa. Después de esperar meses por una cita de asilo en México y cruzar el peligroso Darién, decidió volver a Venezuela tras el cierre de vías legales hacia Estados Unidos, pero tras una semana detenida en Costa Rica expresó su desesperanza ante la desorientación constante y cambios repentinos en su ruta de retorno.
Flujo migratorio invertido
Tanto Panamá como Costa Rica, tradicionalmente países de tránsito para migrantes que se dirigen al norte, ahora se encuentran reorganizando sus sistemas para manejar el nuevo flujo inverso. Las autoridades panameñas se mostraron visiblemente molestas cuando periodistas intentaron entrevistar a migrantes en lugares públicos, trasladando a casi 200 personas en autobuses e intentando impedir el seguimiento de la prensa mediante paradas estratégicas en el camino, aunque posteriormente permitieron el acceso tras expresarse preocupaciones sobre libertad de prensa.
Al amanecer del jueves, Pereira y otros migrantes abordaron embarcaciones de madera que los llevaron cerca de la frontera entre Colombia y Panamá, pagando hasta $200 cada uno por el viaje. “No entiendo por qué alejan a los periodistas, por qué estamos tan aislados si supuestamente el gobierno nos está ayudando”, cuestionó la migrante venezolana, revelando la contradicción entre el discurso oficial y la experiencia real de quienes intentan retornar a sus países de origen en este nuevo fenómeno migratorio inverso provocado por las políticas de inmigración de la administración Trump.
