Jueces y magistrados mexicanos se han unido a un paro indefinido de labores iniciado por trabajadores del Poder Judicial contra una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La huelga, que comenzó el miércoles 21 de agosto, busca detener una iniciativa que, según los manifestantes, atenta contra sus derechos y elimina la carrera judicial.
El punto más controvertido de la reforma propone la elección de aproximadamente 7,000 ministros, magistrados y jueces por voto popular, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte en junio de 2025. Juana Fuentes, presidenta del gremio de magistrados y jueces, advirtió sobre una posible “crisis constitucional sin precedentes” si la reforma no es detenida.
AMLO argumenta que la transformación del sistema de justicia es necesaria porque “no está al servicio del pueblo” y “responde a intereses de la delincuencia organizada”. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, defiende la propuesta como una medida para combatir la impunidad. Sin embargo, los trabajadores judiciales temen que la reforma abra la posibilidad de presión por grupos de poder.
La iniciativa ha generado preocupación entre inversionistas, quienes temen que debilite los contrapesos del Poder Ejecutivo y dañe el clima de negocios en México. Además, surgen dudas sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo comercial de Norteamérica (TMEC). Sheinbaum asegura que la reforma no viola el TMEC, argumentando que el tratado no especifica la estructura de las instituciones judiciales.
Los mercados financieros han reaccionado negativamente a la polémica iniciativa. El peso mexicano y la bolsa han retrocedido ante la inminente aprobación de la reforma. Morgan Stanley ha reducido su previsión para el mercado accionario mexicano, marcando el primer efecto negativo directo en los mercados locales debido a esta propuesta.
A pesar de los intentos del oficialismo por suavizar la reforma con más de 100 rectificaciones, analistas coinciden en que los cambios principales no modifican la esencia de la iniciativa original. La situación ha generado un debate sobre el futuro del sistema judicial mexicano y su impacto en la economía del país, con expertos alertando sobre los riesgos que representarían cambios profundos al aparato de justicia para la seguridad jurídica de las inversiones.
