El defensor del pueblo Josué Gutiérrez expresó su respaldo institucional a la suspensión de la fiscal de la nación Delia Espinoza por seis meses, decidida por la Junta Nacional de Justicia. «Hay que respetar las instituciones», declaró durante una entrevista desde Arequipa.
Gutiérrez explicó que mantiene la misma posición que adoptó durante la suspensión de Patricia Benavides. Las decisiones colegiadas de la JNJ revisten mayor importancia porque «ya no se trata del equívoco de una persona, sino de la posición institucional que asumen varias personas».
La fiscal suspendida acusó intereses políticos detrás de la medida, pero el defensor consideró sus declaraciones respetables. «En democracia hay que saber escuchar» y las opiniones de Espinoza «quizás no las compartimos, pero son respetables», indicó el funcionario.
Gálvez evalúa continuidad del equipo Lava Jato
El nuevo fiscal interino Tomás Gálvez genera preocupación por sus declaraciones previas contra el equipo Lava Jato. Anteriormente manifestó que si fuera por él, los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela no ocuparían esos cargos.
Gutiérrez defendió el derecho de Gálvez a expresar opiniones cuando ejercía libremente la abogacía. «Las personas tienen opiniones, solo que deben tener reparo cuando son autoridades» porque puede comprometer lo institucional, explicó.
El defensor evitó especular sobre posibles cambios en el equipo especial, pero consideró contraproducente remover fiscales en el «examen final» de casos que tomaron años de investigación. «Estamos hablando del examen final de un caso que tomó muchos años», enfatizó.
Crisis institucional requiere respaldo efectivo
La efectividad fiscal debe medirse por resultados concretos, según el criterio del defensor del pueblo. En otros países se evalúa a magistrados por su capacidad de llevar casos exitosos a juicio, no solo por el tiempo invertido.
Gutiérrez expresó preocupación por la duración excesiva de las investigaciones del caso Lava Jato. «Justifica realmente el tiempo, justifica el costo económico, el costo social, el costo de vida», cuestionó sobre procesos que han durado años.
Rechazó especulaciones prematuras sobre la destitución definitiva de Espinoza, calificándolas como «cargamontón» que perjudica la dignidad de las personas. «Toda persona tiene derecho a defenderse y a actuar las pruebas que considere necesario», recordó.
Proponen ley contra discursos de odio electoral
El funcionario anunció la presentación esta semana de un proyecto de ley contra discursos de odio. La iniciativa busca fomentar cultura de paz ante el próximo proceso electoral, inspirándose en experiencias negativas de países vecinos.
Las sanciones propuestas serían principalmente civiles y persuasorias, no penales. «Debe estar proscrito la actividad que fomente el odio» en contextos electorales y mediáticos, según explicó el defensor.
Gutiérrez aclaró que la propuesta no afectará la libertad de expresión ni de prensa, pilares fundamentales de la democracia. El proyecto apuntará específicamente a quienes «no tienen vocación democrática para una convivencia en paz».
