La Defensoría del Pueblo recomendó a las municipalidades provinciales de San Román, Azángaro, Lampa y San Antonio de Putina adoptar medidas para garantizar Serenazgo y limpieza pública. El Módulo Defensorial de Juliaca remitió oficios a las cuatro comunas. La intervención busca evitar la interrupción de ambos servicios durante el cierre de la actual gestión y el inicio de la nueva administración.
En San Román, el coordinador del Módulo Defensorial de Juliaca, Nivardo Enríquez Barriales, dirigió la recomendación al alcalde Óscar Wylliams Cáceres Rodríguez. El documento se envió mediante el Oficio N.º 0442-2026-DP/OD-PUNO/MOD-JUL/ACS. La solicitud pide adoptar previsiones necesarias para asegurar la continuidad de ambos servicios durante el último trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027.
La intervención preventiva busca evitar que el proceso de transición y transferencia de la gestión municipal afecte la prestación regular de estos servicios esenciales. La interrupción podría generar riesgos para la seguridad ciudadana, la salud pública y el ambiente. Por ello, la Defensoría recomendó adoptar oportunamente medidas administrativas, presupuestarias y operativas.
En materia de seguridad ciudadana, la Defensoría recomendó garantizar la disponibilidad del personal de Serenazgo. Asimismo, pidió asegurar el abastecimiento de vehículos y los recursos logísticos y presupuestarios indispensables para el cumplimiento de sus funciones. Estas medidas buscan contribuir a la protección de la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad de los ciudadanos.
Respecto al servicio de limpieza pública, se recomendó asegurar la continuidad del personal y la disponibilidad de combustible y otros insumos. También se exigió el mantenimiento de las compactadoras y de las rutas y frecuencias de recolección. Ello permitirá prevenir la acumulación de basura en los espacios públicos y reducir los riesgos para la salud pública y el ambiente.
El representante defensorial destacó que la transferencia de la gestión municipal debe desarrollarse de manera ordenada y responsable. Enríquez Barriales señaló que “resulta fundamental que la administración municipal adopte oportunamente las previsiones necesarias” para evitar que el cambio de gestión afecte la prestación de estos servicios. La nueva administración debe contar con las condiciones administrativas, presupuestarias y operativas necesarias.
La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. El organismo indicó que continuará vigilando la adecuada prestación de los servicios públicos. El objetivo es contribuir a la protección de los derechos fundamentales de la población y prevenir afectaciones derivadas de una eventual interrupción de los servicios municipales esenciales.
