La Fiscalía Provincial Penal de Yunguyo abrió una investigación policial contra Luis Ponce Butrón, director de la Red de Salud de Yunguyo, y Helbert Jesús Rodríguez Biamont, jefe de Recursos Humanos de la misma institución.
Ambos son investigados por presunto abuso de autoridad al intentar finalizar el contrato de Shirley Vanessa Cachicatari Almanza, una trabajadora embarazada de 26 semanas, sin garantizarle su derecho al descanso pre y postnatal.
El caso se inició tras una queja presentada por la afectada, quien laboraba como asistente en la Unidad de Planificación y Presupuesto desde hacía más de un año. Además, Cachicatari Almanza señaló que recibió un trato despreciativo por parte de Rodríguez Biamont, quien evitó atenderla, a diferencia de otros empleados.
La trabajadora informó a sus superiores sobre su embarazo el pasado 21 de abril y solicitó el respeto a sus derechos laborales. Sin embargo, según el expediente fiscal, le entregaron una carta de agradecimiento por sus servicios y eliminaron su nombre del sistema de control biométrico el 7 de mayo, dejando claro que no renovarían su contrato.
El fiscal Pedro Lino Humpiri Andia dispuso que la Policía Nacional recabe pruebas y declare a las partes involucradas en los próximos 50 días. Entre las diligencias ordenadas está la revisión del expediente de contratación de la trabajadora y la obtención de sus antecedentes penales.
También se exigió a los investigados que presenten su versión de los hechos por escrito en un plazo de 10 días.
El Ministerio Público considera que los funcionarios habrían incumplido sus obligaciones al no proteger los derechos de una empleada en estado de gestación. El artículo 376 del Código Penal establece que un funcionario que abuse de su cargo para cometer actos arbitrarios puede enfrentar hasta tres años de prisión. La investigación determinará si hubo intencionalidad de perjudicar a la trabajadora.
La Fiscalía también reservó la posibilidad de incluir el delito de discriminación si se encuentran más pruebas durante el proceso. Por ahora, el enfoque es el presunto abuso de autoridad, que afecta no solo a Cachicatari Almanza, sino al Estado, representado por la Red de Salud de Yunguyo.
Los investigados deben designar un abogado defensor en las próximas 48 horas o se les asignará uno de oficio. Además, deberán comparecer ante las autoridades para declarar bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza si se niegan a colaborar.
La investigación está a cargo de la PNP de Juli, que recopilará testimonios, documentos y antecedentes para esclarecer los hechos. La fiscalía supervisará cada paso y podría ampliar las imputaciones si surgen nuevos elementos.
