Raúl Samillán Sanga, presidente nacional de la Asociación de Víctimas y Mártires de las Protestas 2022-2023, rechazó la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, señalando que esta decisión ofende la búsqueda de justicia por los 67 muertos reconocidos oficialmente.
El dirigente expresó su indignación por el retorno de Santiváñez al gabinete, recordando que este exministro del Interior fue censurado en marzo pasado, y aseguró que mantiene investigaciones abiertas, lo que genera preocupación al asumir nuevamente un cargo de alta responsabilidad en el Estado.
Samillán manifestó que esta designación podría abrir las puertas a la impunidad, ya que considera posible que el nuevo ministro interfiera en procesos relacionados con las muertes ocurridas en protestas recientes, lo cual afectaría a las familias que siguen esperando justicia.
El presidente de la organización afirmó que la decisión responde a intereses políticos que buscan proteger a la presidenta Dina Boluarte de investigaciones pendientes, y advirtió que el nombramiento de funcionarios cuestionados profundiza la desconfianza hacia el sistema de justicia.
También señaló que esta situación se agrava por las 67 carpetas abiertas en el Ministerio Público contra la mandataria, lo que para los deudos representa una contradicción, pues mientras avanzan estas investigaciones, el Ejecutivo designa funcionarios cercanos y cuestionados en puestos de poder.
Además, recordó que el Congreso recortó el presupuesto del Ministerio Público y alertó que esta medida limita el desarrollo de las investigaciones sobre los hechos de diciembre de 2022 y enero de 2023, dejando a las familias frente a mayores obstáculos procesales y económicos.
Finalmente, Samillán reafirmó que la organización seguirá exigiendo justicia y reparación para los familiares de las víctimas de la violencia estatal, y señaló que a pesar de las trabas políticas y legales, continuarán movilizándose en distintas regiones hasta lograr avances concretos.
