La controversia por los terrenos del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en la provincia de San Román ha escalado a instancias legales, mientras el actual director regional de Transportes y Comunicaciones de Puno es Beto Ángel Portillo Calcina, enfrenta denuncias que él mismo califica como infundadas por presunto ocultamiento de documentación oficial.
El funcionario regional ha manifestado categóricamente que no existe irregularidad alguna en su gestión respecto al manejo documental del caso. «Esta dirección afirma categóricamente que no he ocultado ningún documento», declaró Portillo al abordar las acusaciones presentadas por la Municipalidad Provincial de San Román a través de su procurador.
La disputa territorial entre las provincias de Puno y San Román-Juliaca por los terrenos destinados al COAR Puno ha generado un clima de tensión institucional que amenaza con profundizarse. El director actual habría solicitado una evaluación detallada de los inmuebles pertenecientes a la Dirección Regional de trasnportes al asumir el cargo en 2023, descubriendo inconsistencias en los registros.
Portillo sostiene que la problemática se originó en administraciones anteriores, quienes posiblemente manejaron incorrectamente el proceso de donación o cesión de los terrenos en cuestión. Las investigaciones deberán determinar si los documentos fueron registrados irregularmente a nombre del sector educación.
El director regional ha hecho un llamado a evitar conflictos interprovinciales, dejando en manos de los organismos competentes la evaluación de responsabilidades. «No quiero generar ni odios ni rencores entre las provincias», expresó Portillo, quien asegura estar dispuesto a acatar lo que determinen las autoridades investigadoras.
Las irregularidades parecen remontarse a gestiones previas, específicamente al año 2014, cuando según Portillo, un director anterior no realizó una donación formal sino que otorgó una «cesión de uso» al sindicato de la dirección. Esta decisión quedó aparentemente solo documentada sin seguir los procedimientos administrativos correspondientes para transferencias de bienes estatales.
El funcionario enfatizó que los terrenos pertenecientes al Estado deben ser administrados con transparencia y no son propiedad particular de funcionarios o autoridades transitorias. La Dirección Regional de Transportes mantiene su posición de colaborar con las investigaciones para esclarecer la situación legal de los predios en disputa.
Hasta el momento de su declaración, Portillo indicó desconocer la existencia de medidas cautelares emitidas por alguna de las partes involucradas en el conflicto. «Desconozco el tema, no me han comunicado, no sé si existiera medida cautelar», concluyó el funcionario al referirse al estado actual del proceso de este predio.
