Una familia de escasos recursos en Puno fue abandonada por el sistema estatal tras el ataque con cuchillo a una niña en noviembre de 2025; la madre Fidely Calizaya enfrentó el proceso judicial sin abogado, sin notificaciones y sin apoyo institucional, que termino en la liberación de la agresora, Perla Leticia Ramos Vilca, según su testimonio ante Pachamama Radio.
La Fiscalía no notificó a la madre sobre la audiencia del 30 de abril de 2025; ella se enteró días antes por gestión propia, y descubrió la liberación de la imputada recién durante el transcurso de esa misma audiencia, sin posibilidad de oponerse, según su relato.
La madre entre lágrimas, declaró ante Pachamama Radio: «Se supone que la Fiscalía tenía que defenderme si no tengo abogado; ese día en la audiencia, me mandaba a la calle para que yo saque las copias; ese es el trato,» denunciando trato negligente del fiscal a cargo.
Como se recuerda, el ataque ocurrió en noviembre del año pasado en una tienda del barrio Chejoña en Salcedo. Vilca Ramos sujetó del cuello a la menor y la amenazó para exigir dinero dejando un corte visible. Vecinos la redujeron hasta que llegó la policía.
El Estado ausente: sin defensa, sin dinero, sin protección
La madre pagó abogados sucesivos hasta agotar su economía; una semana antes de la audiencia definitiva ya no contaba con representación legal; el Estado no proveyó defensa pública de oficio pese a la vulnerabilidad económica de la familia, según su relato.
Calizaya gastó sus ahorros en honorarios legales y terapias psicológicas privadas; al quedarse sin recursos, derivó a su hija al servicio psicológico del Estado; además, la reparación civil otorgada por el juez permanece inaccesible porque la imputada libre no presentó el Boucher de pago.
La niña retiró espejos de su casa para no ver la cicatriz en el cuello, no sale sola y pregunta si la agresora volverá; sus hermanos tampoco tienen libertad de movimiento, y la madre afirma vivir «secuestrada por la injusticia,» según su testimonio a Pachamama Radio.
Negligencia fiscal, amenazas y silencio del sistema
El fiscal Juan Carlos Flores Ticona tiene en su carpeta los cuatro antecedentes de la imputada, incluyendo un caso similar de corte con cuchillo; pese a ello, no informó a la madre del riesgo de liberación por terminación anticipada.
El fiscal le dijo a Calizaya: «Yo no quería tu caso,» y en otra ocasión: «Yo no voy a estar cogiendo a todos, mamita;» ambas expresiones, citadas por la madre, revelan una actitud de desinterés institucional hacia una familia sin capacidad económica de presión.
Tras denunciar públicamente en noviembre de 2025, la familia fue vigilada con drones, recibió llamadas intimidatorias y una mujer rondó su domicilio; ninguna autoridad policial ni fiscal ofreció medidas de protección; la madre huyó a su pueblo natal y regresó con temor al inicio del ciclo escolar.
Desigualdad ante la ley y demandas urgentes de la madre
La Defensoría del Pueblo ha documentado que las familias sin recursos económicos enfrentan peores resultados judiciales en el Perú; el caso Calizaya condensa ese patrón: sin abogado, sin notificación, sin protección y con una imputada libre pese a cuatro antecedentes penales.
Los obstáculos se acumulan: la madre no puede pagar defensa legal, la reparación civil es inaccesible, la Fiscalía no asumió su rol tuitivo, el Poder Judicial no decretó medidas de protección y la Defensoría del Pueblo aún no ha intervenido de oficio.
Finalmente, la Madre de la menor agredida, pide a las autoridades máximas investigar la liberación de la imputada, asignarle defensa pública gratuita y decretar garantías de seguridad para su familia; advierte que sin intervención estatal urgente la agresora reincidirá, y exige que su caso reciba la misma atención que otros de mayor visibilidad.
