Una intervención inopinada de la Contraloría General de la República, la Fiscalía en Prevención del Delito y el Congreso de la República en las instalaciones de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) Integral de Agua y Alcantarillado de Juliaca reveló graves irregularidades en el manejo presupuestal, la millonaria contratación de personal que gana de S/20 a 9 mil/, en sumatoria 4 millones en planillas, y el avance físico del proyecto con serias observaciones. La visita, liderada por el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Carlos Zeballos, buscó verificar denuncias sobre el uso de fondos públicos, la caja chica, y la falta de transparencia en un proyecto que maneja más de S/1,700 millones y beneficia a más de 217 urbanizaciones.
¿Qué pasó?
La UCP Juliaca, encargada de ejecutar el Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado, habría gastado alrededor de S/4 millones en planillas desde 2023, pero el Componente I —con un presupuesto de S/6 millones— registra solo un 84% de avance físico y lleva cinco meses paralizado. La obra, inicialmente a cargo de la empresa Covannor, fue resuelta por incumplimientos contractuales y ahora se ejecuta bajo administración directa, sin cronogramas claros ni supervisión técnica adecuada.
Sueldazos
Carlos Zeballos, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, lideró la intervención y cuestionó la falta de meritocracia en el personal contratado. Denunció que el coordinador nacional del proyecto, Juan Carlos Córdoba, renunció tras ser requerido por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mientras que Sergio Ito, coordinador técnico con 14 procesos fiscales abiertos, sigue en funciones.
Rocío Gómez, responsable de la UCP Juliaca, admitió que solo 7 personas laboran en la oficina local, aunque se registran 15 asistencias diarias. El personal clave, como Córdoba e Ito, opera desde Lima y perciben sueldos de S/20,000 S/18,000 mensuales por visitas esporádicas; Córdoba vendría 2 veces a la semana e Ito 15 días y los otros estaría en Lima.
En el caso de Rocío Gómez, percibe (S/13,000) y Diego Montreuil (coordinador componente I, S/11,000), junto a otros 23 funcionarios las remuneraciones percibidas son de S/ 9,000 y S/ 10,000. Solo la secretaria del UCP, gana /3,500 (asistente administrativa).
Según Zeballos hacen una planilla de S/40 mil mensuales y en tres años solo en sueldos habrían percibido alrededor de S/ 4 millones, además de gastos operativos de la oficina que mensualmente llegaría a los S/ 140 mil por servicios de alquiler, luz y otros que se pagan, cuya suma mensual llegaría a los S/ 270 mil. Sin embargo, el avance físico no supera el 84% y la obra está paralizada desde julio.
Contratos Obervados
El 100% del personal está contratado bajo locación de servicios, sin concursos públicos. Dirigentes cuestionaron la idoneidad de los profesionales, como una asistente administrativa con sueldo de abogada (S/3,500) y técnicos sin experiencia comprobable.
Fiscalización
La fiscalización se realizó el 30 de octubre de 2025 en las oficinas de la UCP Juliaca, ubicadas en la Provincia de San Román, Puno. Las autoridades llegaron a las 9:00 a.m., horario oficial de atención, pero encontraron las instalaciones vacías. El primer funcionario llegó a las 9:10 a.m., lo que quedó registrado en actas.
Falta de controles: No hay cronogramas aprobados para la administración directa, ni supervisión técnica clara. Los 7 servicios subcontratados (excavación, entibados, tuberías) operan sin coordinación documentada, denunció Zeballos.
Caja chica sin rendición: Se solicitó información sobre el uso de la caja chica, pero no se presentó evidencia de su destino. Zeballos anunció una auditoría inmediata.
Inspección a Obra
Las autoridades se dirigieron al Sector 2ª (Urbanización La Capilla), donde falta completar un 15% del proyecto: 450 metros de colector y 10 conexiones domiciliarias. Dirigentes denunciaron materiales de baja calidad y riesgos de seguridad para los obreros.
