El Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles permanece paralizado debido a una deuda estatal cercana a los 1000 millones de soles con los proveedores, generada por un mal manejo, señaló el economista del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca.
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Baca explicó que el mecanismo, vigente desde hace diez años, permitía absorber temporalmente las alzas del precio del petróleo y evitar un impacto inmediato en los consumidores.
Sin embargo, sostuvo que el manejo del fondo durante los últimos tres años dejó al Estado sin esta herramienta para contener el incremento de los precios de los combustibles.
“No hay peor afectación a la economía popular que el aumento de los precios”, advirtió, al referirse al incremento de los costos del transporte y de los alimentos.
Crecimiento macro no llega a los sectores populares
En contraste, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva proyectan un crecimiento económico de 3,4%, impulsado principalmente por los altos precios de los minerales y el aumento de los ingresos fiscales.
Pese a este desempeño macroeconómico, Baca señaló que las micro y pequeñas empresas y los sectores populares soportan el mayor impacto de la inflación, debido a que tienen poca capacidad para trasladar el aumento de sus costos a los consumidores.
El economista también alertó que la alta informalidad dificulta la aplicación de subsidios, porque el Gobierno no cuenta con información completa y actualizada sobre los transportistas y mototaxistas que operan en el país.
Estado debilitado enfrenta El Niño sin capacidad técnica
Asimismo, sostuvo que el Estado se ha deteriorado en los últimos cuatro años debido a la inestabilidad política y al constante cambio de funcionarios. Según datos citados por Baca, alrededor del 40% de los proyectos públicos terminan paralizados o judicializados por falta de financiamiento o controversias contractuales.
Advirtió que, pese al aporte del sector minero, los ingresos fiscales no serían suficientes para cubrir los gastos ya comprometidos y atender las nuevas necesidades que podría generar un eventual fenómeno de El Niño costero.
