Ricardo Álvarez Gonzales, gerente municipal, la instalación de una mesa técnica para darle una salida a la intervención de esta mañana en la parte baja de la ciudad de Puno, que se ejecutó con apoyo policial y del serenazgo tras coordinaciones técnicas con la Procuraduría, entidad que defiende los intereses jurídicos de la municipalidad provincial y solicitó la logística necesaria para cumplir con las disposiciones sobre bienes públicos en esta zona del lago Titicaca.
La zona baja de Puno amaneció este viernes con el operativo de la Procuraduría Municipal que demolió estructuras irregulares en la faja marginal, un área declarada inalienable por la Autoridad Nacional del Agua, donde las edificaciones de concreto con portones metálicos desafiaban la normativa mientras vecinos reclamaban derechos de propiedad sin sustento legal ante la entidad municipal.
Los enfrentamientos matutinos entre pobladores y personal municipal derivaron en la detención de Paulino Atencio, mientras que el procurador reportó agresiones durante el operativo, situación que la gerencia municipal rechazó categóricamente al ratificar su postura de diálogo, pero sin tolerancia ante actos violentos contra funcionarios públicos que cumplían disposiciones legales.
La Autoridad Nacional del Agua estableció que los bienes en la faja marginal son inalienables, imprescriptibles e intransferibles, condición que imposibilita cualquier transacción notarial según explicó Álvarez, quien subrayó que las construcciones sin licencia municipal ni permisos contradicen la normativa urbana vigente en áreas de dominio público restringido.
Como resultado del conflicto, autoridades acordaron conformar una mesa técnica con participación del Ministerio Público, Fiscalía del Medio Ambiente, ANA, CERNAM, Capitanía, Procuraduría y municipalidad para esclarecer las preocupaciones técnicas y legales que surgieron durante la intervención en esta zona donde persisten cuestionamientos sobre propiedad pública.
El gerente municipal precisó que los reclamos sobre derechos de propiedad deben resolverse en instancias judiciales, donde un juez evaluará imparcialmente los medios probatorios de ambas partes para determinar el mejor derecho, mientras la Procuraduría continuará defendiendo los intereses municipales con respaldo institucional obligatorio en cualquier proceso legal subsecuente.
