El gobernador regional de Puno, Richard Hancco, no asistió a la reunión pactada el pasado 13 de noviembre en Ocuviri para tratar la contaminación minera en el río Jatun Ayllu causada por la empresa Aruntani. Dos mil pobladores afectados por arsénico, plomo y cadmio esperaban soluciones a un problema ambiental que persiste desde hace 16 años en la cuenca Llallimayo.
Rubén Vilca, asesor técnico de la Municipalidad Distrital de Ocuviri (Lampa), denunció el doble abandono institucional. «Ni el Estado peruano ni el gobernador regional se hicieron presentes en esta reunión, con un abandono total y una insensibilidad mayúscula de parte de las autoridades», declaró. La delegación viajó hasta la ciudad de Puno buscando respuestas.
La comisión distrital llegó en marcha pacífica hasta la sede del Gobierno Regional esperando ser recibidos por Hancco. Sin embargo, descubrieron que no estaban incluidos en la agenda gubernamental, lo que generó mayor malestar entre los representantes de Ocuviri. La ausencia del gobernador se repitió en ambas convocatorias programadas.
Francisca Arce Arce, presidenta de la Central de Rondas Campesinas del distrito de Ocuviri, manifestó la molestia de las 11 bases que integra la organización. «Desde las 11 bases existe la molestia por la ausencia del gobernador el 13 de noviembre pasado», señaló. Los pobladores exigían la presencia de Richard Hancco para continuar con la reunión pactada.
Vilca explicó que la problemática afecta la unidad hidrográfica 189, sección alta de Llallimayo. «Según el estudio ambiental, se tiene arsénico, plomo, cadmio, metales pesados en gran proporción, que superan los límites del ECA», detalló. Los metales pesados exceden los estándares de calidad ambiental establecidos para el agua.
Los pobladores esperaban conseguir compromisos sobre proyectos de remediación con representantes del Gobierno Regional, el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca y la DIRESA. «Vinimos exigiendo una audiencia con el gobierno regional frente a una problemática específica de contaminación ambiental», concluyó Vilca. La doble ausencia gubernamental evidencia el abandono institucional hacia las comunidades afectadas por la actividad minera.
