El portal Ojo Público accedió a los documentos operativos de la policía y pudo identificar a los jefes de la policía que estuvieron a cargo de la represión el día 9 de enero, cuando se dieron 18 muertes de ciudadanos, muchos de los cuales ni siquiera participaban en las protestas.
El oficial encargado de la unidad policial que custodiaba el aeropuerto fue José Arturo Tapia Guillén quien tenía a su cargo a 61 efectivos: 40 suboficiales de la USE-Juliaca, 11 suboficiales de la comisaría cercana al aeropuerto y 10 suboficiales de la Uneme.
Cabe indicar que 14 de las 18 muertes se dieron cerca al aeropuerto entre ellas llama la atención la muerte de Yamilet Aroquipa Hancco quien fue alcanzada por una bala que le destrozó el estómago cuando caminaba cerca del cruce de la avenida Independencia y Jirón Nueva Zelanda.
También se pudo determinar que el brigadista Marco Antonio Samillán Sanga estaba atendiendo a un niño intoxicado por el gas lacrimógeno cuando fue alcanzado por la espalda por una bala que le perforó el tórax.
Los testigos indicaron que la policía no permitió que fuera trasladado de inmediato luego de ser herido.
El capitán Abad Gavancho Portugal estaba a cargo de la seguridad cerca al supermercado Plaza Vea donde murieron tres ciudadanos, entre ellos un menor de edad de sólo 15 años.
También se pudo establecer que Ebert Mamani Arque murió baleado por patrullas que estaban cerca del Banco de la Nación y estaban a cargo del mayor Wagner Quinteros Frisancho.
Los documentos también revelan que había 24 miembros de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional conocida como grupo “terna”.
Cabe recordar que los ciudadanos juliaqueños pudieron registrar a policías de civil lanzando bombardas y recibiendo pirotécnicos proporcionados por policías uniformados.
Además, en horas de la noche, los ciudadanos denunciaron que capturaron a dos policías de civil que pretendían incendiar un grifo.
En total fueron 352 policías los que se desenvolvieron el día 9 de enero, la mayoría de la Use Juliaca y, de acuerdo a los documentos, la población fue catalogada como “fuerzas adversas” y fueron descritos de la siguiente manera:
los simpatizantes de las personas o de la causa que origina el conflicto, delincuentes comunes, organizaciones delincuenciales, familiares y simpatizantes vinculados con actividades delincuenciales, delincuentes terroristas, opositores a la política de gobierno de turno, organizaciones sindicales en conflicto y a las ONGs ambientalistas”
Es decir, de antemano todos los protestantes estaban calificados como potenciales delincuentes y se les dio ese trato, efectivamente, con el saldo de 18 muertos.
