Las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023 enfrentan serios problemas por la constante rotación de fiscales encargados, lo que retrasa la búsqueda de justicia para las víctimas, según el abogado Cesar Quispe Calsín. En la región de Puno, el fiscal responsable ha cambiado seis veces, la última en febrero, y actualmente un sexto fiscal está a cargo del caso.
Quispe Calsín explica que estos frecuentes cambios afectan gravemente el avance de las investigaciones porque cada nuevo fiscal debe revisar miles de páginas y pruebas, lo que consume mucho tiempo y genera retrasos importantes en el proceso judicial.
El abogado detalla que ya se ha acumulado una gran cantidad de evidencia, con más de veinte carpetas de investigación abiertas solo en Puno, algunas con más de 150 tomos de documentos, lo que refleja la complejidad y el volumen de los casos que deben analizarse.
Además, existe preocupación por la experiencia de quienes asumen estos casos, ya que la actual coordinadora de fiscales supuestamente carece de conocimientos en derechos humanos y temas de interculturalidad, aspectos clave para manejar adecuadamente las investigaciones.
Calsín señala que esta situación parece buscar dilatar las investigaciones para generar cansancio y desesperanza entre los familiares de las víctimas, con la intención de que abandonen la búsqueda de justicia.
También hay una percepción de interferencia en el sistema judicial, pues se habla de personas que podrían estar influyendo en el nombramiento y actuación de jueces y fiscales, vinculando esta situación a la Junta Nacional de Justicia y su relación con el Congreso.
El abogado añade que el Estado peruano destina millones de soles para defender a exfuncionarios acusados, mientras que las víctimas reciben poco o ningún apoyo económico, lo que evidencia una desigualdad en el trato hacia quienes buscan justicia.
A pesar de estos obstáculos, se han logrado avances importantes, como la identificación de las personas directamente responsables y la cadena de mando en varios casos, incluyendo 19 involucrados en Juliaca y 24 en Macusani.
Esta cadena de mando alcanza a funcionarios de alto nivel, entre ellos la presidenta Dina Boluarte y varios exministros, como el general Otárola y exministros de Defensa e Interior, según informó Quispe Calsín.
Finalmente, el abogado asegura que las familias de las víctimas y sus abogados mantienen firme su compromiso, continúan trabajando con todas las herramientas legales y confían en que los responsables terminarán enfrentando la justicia y cumpliendo condenas.
