Una investigación reciente del Órgano de Control Institucional (OCI) de Azángaro reveló dos irregularidades que afectan la confianza en la gestión municipal. Primero, una denuncia ciudadana dirigida al OCI fue recibida por otra oficina, la de Atención al Ciudadano, lo que pone en riesgo la confidencialidad que debe tener todo proceso investigativo. Esta situación compromete la reserva de la identidad del denunciante y el contenido de la denuncia, elementos clave para garantizar la transparencia y el buen desarrollo de las indagaciones.
El informe 026, publicado el 15 de abril de 2025, detalla que esta falla administrativa puede entorpecer las investigaciones y afectar la confianza de la población en las autoridades locales. El OCI señala que recibir denuncias en oficinas distintas a la propia genera un riesgo serio para la protección de datos y la integridad del proceso. Esta situación llama a revisar los protocolos internos para evitar que hechos similares se repitan.
Además, la investigación detectó que una persona identificada como Winy Magaly Quispe Luque realizaba funciones en la recepción de documentos sin contar con un contrato laboral ni documento que acredite su vínculo con la Municipalidad. Esta irregularidad pone en evidencia la falta de control en la contratación y la supervisión del personal que atiende a la ciudadanía.
La presencia de una persona sin contrato en una oficina municipal puede generar problemas en el manejo de información sensible y en la validez de los trámites administrativos. También abre la puerta a posibles usos indebidos de recursos públicos, lo que afecta directamente la confianza de los vecinos en la gestión municipal. Esta situación exige una respuesta rápida y clara por parte de las autoridades.
El OCI informó al alcalde de Azángaro sobre estas irregularidades y solicitó medidas inmediatas para corregirlas. La Municipalidad debe implementar acciones preventivas que aseguren el correcto funcionamiento de la Oficina General de Atención al Ciudadano y la gestión documental. La comunidad espera que estas medidas garanticen transparencia y legalidad en la administración local.
Finalmente, el Órgano de Control Institucional pidió a la Municipalidad un informe en un plazo máximo de cinco días hábiles sobre las acciones que adoptarán para solucionar estos problemas. Los ciudadanos de Azángaro permanecen atentos a las decisiones que se tomen, buscando que la gestión municipal recupere la confianza y cumpla con sus responsabilidades de manera adecuada.
