El abogado César Quispe Calsín reveló que la investigación preparatoria está cerrando su primera etapa para presentar en enero de 2026 la acusación fiscal formal contra 19 integrantes de la cadena de mando policial identificados como autores de la masacre del 9 de enero de 2023 que dejó 18 muertos.
El letrado detalló que la fiscalía reunió miles de elementos de convicción documentados en centenares de tomos incluyendo pruebas materiales, documentales y declaraciones testimoniales que tienen gran peso procesal mientras los investigados abarcan desde el jefe macro regional hasta autores directos del aeropuerto de Juliaca.
Quispe Calsín explicó que la investigación sigue dos caminos constitucionales donde los responsables directos de delitos de lesa humanidad son investigados por una fiscalía común del equipo especial mientras la presidenta Dina Boluarte y sus ministros son investigados por la Fiscalía de la Nación.
El defensor de las víctimas estableció que desde el primer momento existieron intentos por desaparecer pruebas cuando asignaron el caso a una fiscalía de crimen organizado que no correspondía realizando pruebas de absorción atómica solo a las víctimas con resultados negativos sin aplicarlas a los policías.
Quispe Calsín advirtió que durante el proceso han cambiado casi una decena de fiscales que continuarán poniendo trabas en el camino de la justicia pero la tecnología les permitió escanear absolutamente todo respaldando digitalmente la documentación contra cualquier intento de obstrucción por parte de las autoridades.
La investigación marca un precedente histórico en Perú al formalizar la persecución de delitos de lesa humanidad con una acusación fiscal que alcanza no solo a efectivos policiales sino también a las más altas autoridades del Estado por su responsabilidad en la represión social.
