Legislación promulgada por Dina Boluarte en enero de 2024, conocida como «Ley Kenji», se convierte en un mecanismo legal para favorecer la impunidad, como en el caso de los tres efectivos policiales Juan Carlos Quispe Farfán, Oscar Paco Quispe, y Anderwy Ticona Maquera, quiénes le arrebataron 3 mil soles en coima a un motociclista, que al acogerse a la «Ley Kenji», obtuvieron una pena suspendida de 5 años, que los deja en libertad. Solo con la sanción de ser expulsados definitivamente de la policía Nacional del Perú; pagar 19,500 soles como reparación civil, cada uno de 6500 aproximadamente y la inhabilitación temporal por dos años y cuatro meses.
Los tres policías de la unidad de emergencia 105 de Juliaca, fueron beneficiados por esta normativa que amplía el límite de la pena mínima para prisión de cuatro a cinco años, facilitando su libertad.
La sentencia de cinco años de pena suspendida, dictada por la juez, María Candelaria Morales Segura, se sustenta en la confesión anticipada por la cual se redujo la pena de 6 años solicitada por el ministerio público a cinco que dio por concluido el caso.
Como se recuerda el fiscal anticorrupción William Otazu Pinto, logró probar que los malos efectivos policiales se depositaron mediante el yape 2 mil 600 soles tras dos depósitos, y la víctima les habría dado en efectivo 400 soles al momento de ser intervenido en su vehículo de moto lineal en la vía juliaca huancané el pasado 10 de diciembre del año 2024.
