Aproximadamente 12,000 policías y 3,000 militares fueron movilizados desde la madrugada del jueves en Lima, supuestamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos; sin embargo, la periodista Jacqueline Fowks señala que la presencia masiva de efectivos resultó en numerosos incidentes de violencia y detenciones arbitrarias.
La periodista destaca que cientos de ciudadanos fueron detenidos bajo el pretexto de control policial, una práctica que se remonta al año 2023. Estas detenciones, según Fowks, se realizaron sin que los ciudadanos hubieran cometido delito alguno, infringiendo así las normas establecidas.
La represión también alcanzó a la prensa. Al menos cuatro periodistas fueron impedidos de realizar su labor informativa, especialmente en las cercanías del Congreso. Un reportero de Canal N resultó herido tras ser empujado por un policía con un escudo, evidenciando la violencia contra quienes cubrían los eventos.
Fowks resalta la incongruencia en la respuesta gubernamental, señalando que la policía incluso utilizó buses para reemplazar el transporte público suspendido por el paro. Ciudadanos cuestionaron la inusual presencia policial en paraderos y estaciones, contrastándola con la falta de seguridad en días normales.
Las demandas de los manifestantes, que incluyen la derogación de la Ley 32108 y el archivo del proyecto de ley sobre terrorismo urbano, no recibieron respuesta concreta de los congresistas, a pesar de los intentos de diálogo de los dirigentes de transportistas.
La periodista concluye que el despliegue masivo de fuerzas del orden parecía tener como objetivo no solo aparentar normalidad, sino también disuadir las manifestaciones, aprovechando el miedo generado por la violencia de años anteriores contra los protestantes.
