El Consejo Regional de Puno perdió autoridad frente a sus propios funcionarios, luego de que la mayoría del Pleno bloqueara sistemáticamente citaciones de fiscalización durante tres años consecutivos, generando una crisis institucional que hoy deriva en presuntas irregularidades presupuestales, afirmó el consejero por la provincia de Chucuito Juli, Abad Vizcarra
Abad Vizcarra, sostuvo que la oposición, el patrón se repitió desde el año 2023: cada vez que se solicitaba citar a un funcionario, la mayoría oficialista denegaba el pedido, otorgando a los gerentes regionales una protección implícita frente a cualquier mecanismo de rendición de cuentas.
«Ya nadie respeta al Consejo Regional, los funcionarios no solamente se burlan, sino le han perdido el respeto», declaró el consejero regional, advirtiendo que las consecuencias de ese blindaje son visibles hoy en las irregularidades denunciadas.
El síntoma: doble presupuesto y ausencias en sesiones clave
El caso más reciente es el presunto doble presupuesto para la Expo Puno, que tendría una suma de más de 200 mil soles para un solo evento, sin informe de rendición de cuentas, como consecuencia directa de años sin fiscalización efectiva sobre la Gerencia de Desarrollo Económico, señalo Vizcarra.
A ello se suma que el Director Regional de Salud no asistió a la última sesión de abril de 2026, pese a que la región enfrenta un rebrote de sarampión, pidiendo permiso como si la convocatoria del Consejo fuera opcional, según manifestó el consejero.
La oposición advierte que aprobar las citaciones ahora, en el último año de gestión, no garantiza que los funcionarios acudan, pues el patrón de inasistencia ya está instalado como práctica normalizada dentro del Gobierno Regional de Puno.
Último año de gestión: ¿reflexión tardía o nuevo blindaje?
Con el cierre del periodo de gobierno en el horizonte, algunos consejeros de la mayoría habrían comenzado a reconsiderar su postura ante las citaciones, lo que abre una ventana para que los pedidos de fiscalización sean aprobados en la sesión del 30 de abril.
«Esperemos que los colegas reflexionen y entiendan que la presencia de cada funcionario es importante para transparentar las acciones del Gobierno Regional», señaló el consejero de Chucuito, quien no descartó derivar los casos a la Contraloría o la Fiscalía Anticorrupción.
En tanto, de no aprobarse las citaciones el 30 de abril, el consejero Vizcarra, refirió que harán públicos los resultados ante los medios de comunicación, y trasladarán los antecedentes documentados a la OCI, la Contraloría y el Procurador Regional.
