En medio de la tensión migratoria, México despliega una estrategia sin precedentes para enfrentar la inminente oleada de deportaciones, levantando refugios provisionales que marcan el inicio de un desafío humanitario.
La administración de Claudia Sheinbaum ha iniciado la construcción de nueve albergues en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Nogales, Matamoros y Tijuana, anticipando un posible escenario de crisis migratoria tras las primeras acciones de Trump.
El gobierno mexicano no solo construye infraestructura, sino que también prepara un plan integral de ayuda. Proporcionará tarjetas de 2,000 pesos (aproximadamente 100 dólares) a migrantes deportados y contempla estrategias de reubicación y asistencia humanitaria.
Testimonios de líderes de albergues como José María García advierten sobre los posibles riesgos de colapso en ciudades fronterizas ante la llegada masiva de migrantes deportados.
El reverendo Juan Fierro, del albergue Buen Samaritano, comparte su preocupación por la capacidad limitada de los refugios. Su albergue, que actualmente aloja 180 personas, teme no poder responder a la creciente demanda.
La cancillería mexicana, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, mantiene conversaciones diplomáticas con Estados Unidos para gestionar un proceso migratorio que minimice el impacto humanitario.
