La Federación Regional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal de Puno amenaza con radicalizar sus medidas de protestas pacíficas si el gobierno no inicia un proceso de diálogo inmediato. José Coa Luna, presidente de la organización, advirtió desde Juliaca que más de 12,500 mineros en proceso de formalización podrían endurecer sus acciones ante la falta de respuestas gubernamentales a sus demandas sectoriales.
El dirigente minero explicó que la problemática trasciende a los trabajadores directos del sector, afectando aproximadamente a 300,000 familias en toda la región puneña. «La lucha es justa porque defendemos nuestro derecho al trabajo y a la actividad minera», declaró Coa Luna, quien consideró que las nuevas regulaciones gubernamentales marginan injustamente a los pequeños mineros que buscan formalizarse dentro del marco legal establecido.
Las recientes modificaciones normativas, particularmente el decreto supremo 012-2025 del Ministerio de Energía y Minas, generan incertidumbre entre los mineros artesanales puneños. La norma separa a los mineros vigentes de los suspendidos, relegando a estos últimos a la ilegalidad, según explicó el líder sindical. Esta situación afecta directamente a cerca de 8,000 mineros en Puno que podrían ser considerados ilegales bajo la nueva reglamentación.
Coa Luna criticó duramente las decisiones gubernamentales, argumentando que eliminan del sistema a más de 50,000 pequeños mineros a nivel nacional. «No podemos ser considerados ilegales cuando estamos en vías de formalización», enfatizó el dirigente, quien subrayó que existe una diferencia fundamental entre la minería artesanal en proceso de formalización y la minería ilegal que opera al margen de la ley.
La situación se complica porque incluso los mineros vigentes enfrentan incertidumbre sobre su estatus legal hasta diciembre de 2025. El presidente de la federación advirtió que si estos trabajadores no presentan su permiso de uso de explosivos dentro de 45 días, serán automáticamente retirados del sistema de formalización, lo que los colocaría en una situación de vulnerabilidad legal y económica.
Ante esta coyuntura, la federación puneña anunció su adhesión a las protestas nacionales que se desarrollan en Arequipa y Cusco. «Vamos a salir a las carreteras para hacer valer nuestro derecho a la actividad minera», declaró Coa Luna, quien precisó que la radicalización de las medidas dependerá exclusivamente de la respuesta que ofrezca el gobierno central a sus demandas.
El dirigente minero concluyó haciendo un llamado urgente al gobierno para que reconozca la importancia estratégica del sector minero artesanal en la economía nacional. «Si el gobierno no cede y no inicia el diálogo, nos veremos obligados a radicalizar nuestras medidas de protesta», advirtió Coa Luna, dejando claro que la lucha del sector continuará hasta obtener soluciones concretas a sus demandas.
