La dirección desconcentrada de cultura rechazó el maltrato animal en la Corrida de Toros del centro poblado de Ichu, Puno, ocurrido el 29 de junio durante la festividad San Pedro y San Pablo, informó Edmundo Cordero Maldonado, director de dicha institución.
El funcionario explicó que se trata de una práctica considerada ancestral, sin embargo, precisó que la institución mantiene una posición firme en defensa de la vida animal, tras la denuncia policial de visitantes que espectaron el cuestionado espectáculo.
«Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia contra los animales, son prácticas que debemos reflexionar y pensar», declaró Cordero Maldonado, quien calificó como sufrimiento evidente las imágenes difundidas del animal maltratado.
Vacío legal impide sanciones
A diferencia de otros países, donde este tipo de prácticas ya está prohibido por ley, Cordero Maldonado señaló que el Perú aún no cuenta con una normativa específica que regule o sancione el maltrato animal en corridas de toros.
La ausencia de norma clara deja en incertidumbre a quienes se muestran en contra de estas prácticas, pues la corrida de toros tradicionalmente era un acto de diversión ciudadana, sin llegar hasta la muerte del animal, según explicó el propio funcionario.
Colectivos animalistas anunciaron protestas en rechazo a lo ocurrido en Ichu, iniciativa que Cordero Maldonado calificó como legítima, «me parece correcto porque están ejerciendo un derecho ciudadano», declaró.
Autoridades locales deben intervenir
El director de la Dirección Desconcertada de Cultura indicó que la competencia directa recae en el Poder Judicial, la defensoría de maltrato animal y la municipalidad correspondiente, entidades llamadas a actuar como primera instancia ante este tipo de denuncias ciudadanas.
«Hay que pensar en los animales, también en los niños, que son susceptibles a estas imágenes», remarcó Cordero Maldonado, al pedir mayor cuidado de las autoridades al momento de autorizar este tipo de espectáculos culturales.
El Ministerio de Cultura elevará un informe técnico si la Fiscalía u otro ente competente lo solicita, mientras se define una posición normativa que permita regular estas prácticas sin poner en riesgo la vida animal.
