El Ministerio Público ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Constitucional para invalidar la ley promulgada recientemente por el Congreso de la República, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. Según el abogado Cristian Palomino, esta norma tiene un «destino específico» de beneficiar al expresidente Alberto Fujimori, quien es uno de los pocos procesados por este tipo de crímenes en el país.
Palomino explica que el Congreso está actuando de manera inapropiada al promulgar leyes con nombres propios, lo que «no hace más que deslucir el nombre ya tan manipulado de este poder del Estado».
Además, señala que, en un sistema presidencialista como el peruano, los organismos autónomos como el Ministerio Público tienen la potestad de presentar demandas de inconstitucionalidad cuando consideran que una norma vulnera la Carta Magna.
La demanda del Ministerio Público argumenta que la ley en cuestión va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos, al generar impunidad para las víctimas y sus familiares. Palomino coincide con este planteamiento, ya que prescribir delitos tan graves como los de lesa humanidad, donde se cometen torturas y se vulneran los derechos fundamentales, es «atentatorio a los derechos humanos».
