Mujeres lideresas y autoridades de la región de Puno levantaron su voz contra el acoso político que enfrentan quienes ejercen cargos en gobiernos locales. La denuncia cobró fuerza tras una conflictiva sesión de concejo donde la regidora de la Municipalidad Provincial de Chucuito, Adelaida Alvarado Sarmiento, fue víctima de acoso político, discriminación y limitación en el ejercicio de sus funciones dentro del Concejo Municipal.
El caso se originó cuando Alvarado, en labor de fiscalización en el distrito de Desaguadero, encontró un vehículo municipal surtiendo combustible en una vivienda particular. La denuncia fue registrada en noviembre de 2024 tras evidenciar irregularidades en el uso de recursos públicos municipales. La regidora considera que el acoso que sufre es represalia por esta investigación que involucra a la fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa, Edith Calizaya, anunció medidas de protesta para visibilizar la violencia política contra mujeres autoridades. «No vamos a permitir que se silencie la voz de una mujer por su vestimenta o por fiscalizar», declaró la dirigente, exigiendo que el alcalde Víctor Raúl Anchapuri y los regidores respondan ante el pueblo. Calizaya negó que estas acciones estén politizadas y condenó declaraciones del alcalde que menosprecian las acciones de las mujeres organizadas.
El plantón programado para el miércoles contará con participación de colectivos de mujeres, rondas campesinas, líderes comunitarias y población en general. Las organizadoras solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer para garantizar protección a la regidora. También exigen una investigación imparcial sobre el acoso denunciado, señalando que este no es un caso aislado sino un problema estructural.
Soraya Poma, líder de la red de lideresas en defensa del lago Titicaca, reveló haber vivido también acoso tras solicitar transparencia a la municipalidad provincial sobre un viaje a Lima del alcalde y algunos regidores. Fue duramente criticada por allegados a la gestión de Anchapuri y sistemáticamente atacada por trolls en redes sociales. Su caso también se encuentra judicializado, pero no hay pronunciamiento del alcalde municipal.
Alvarado denuncia que casi un año después no se le permite participar activamente en los concejos municipales y se le niega la palabra. Señala que ella es la única regidora que ejerce labor de fiscalización y que, a pesar de no recibir el presupuesto que los gobiernos locales deben proveer para fiscalización, realiza estas actividades con recursos propios. Asegura que los demás miembros del concejo estarían coludidos con la gestión del alcalde Anchapuri.
La regidora relata que durante la última sesión de concejo la situación fue insostenible, y que el acoso sistemático inició desde 2023 al comienzo de la gestión municipal. El hostigamiento habría aumentado tras sus denuncias de corrupción que involucran a funcionarios y autoridades cercanas al alcalde provincial. Actualmente, la organización Manuela Ramos brinda asesoría legal gratuita a Alvarado, documentando varios casos similares en la región.
Las organizaciones de mujeres de Puno se articulan para respaldar a Alvarado Sarmiento y visibilizar el acoso político sistemático. La Asociación de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa, la red de lideresas en defensa del lago Titicaca y Manuela Ramos coordinan acciones conjuntas. Exigen que se respete el derecho de las mujeres a ejercer cargos públicos sin discriminación, violencia ni limitaciones por fiscalizar actos de corrupción en gobiernos locales de la región puneña.
