La Municipalidad Provincial de San Román en Juliaca estaría dejando de recibir millones de soles cada año, según Orlando Fernández Sejje, expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, quien advierte que esta pérdida se debe a la falta de cobro de tasas y multas a ciertas empresas de transporte público, mientras otros transportistas sí cumplen con sus pagos.
Orlando Fernández señala que la Organización de Transportistas de San Román, conocida como ORDET, sería la principal beneficiaria de esta situación, ya que no realiza ningún pago a la municipalidad, lo que ha generado preocupación entre los vecinos por la desigualdad en el trato a los distintos grupos de transportistas.
Indica que este supuesto privilegio para ORDET no es reciente, pues estima que la exoneración de pagos se mantiene desde hace más de quince años, sin que hasta la fecha se haya mostrado un documento que justifique esta excepción, lo que genera sospechas sobre la transparencia municipal.
Mientras tanto, los conductores de mototaxis cumplen con todas sus obligaciones tributarias, pagan sus tasas de rodaje y abonan sus multas por infracciones, pero a pesar de esto, la municipalidad realiza operativos constantes y lleva sus vehículos al depósito, lo que evidencia una aplicación desigual de la normativa.
La diferencia en el trato se hace más evidente porque los vehículos de servicio urbano, que también cometen faltas, no reciben sanciones similares ni son internados en el depósito, lo que para Fernández demuestra una falta de equidad en la fiscalización y la necesidad de que las normas se apliquen por igual a todos.
El exdirigente calcula que solo por la falta de cobro de tasas de rodaje, la municipalidad pierde millones de soles, ya que cada tarjeta de circulación representa un ingreso y las empresas de servicio urbano cuentan con flotas numerosas, algunas con más de cien unidades, lo que multiplica el impacto económico.
Fernández agrega que las multas de tránsito no cobradas también representan una pérdida considerable, ya que muchos accidentes involucran a vehículos de servicio urbano, algunos conducidos por personas sin licencia o en aparente estado de ebriedad, y estima que las multas pendientes de cobro podrían llegar a los 25 millones de soles de gestiones anteriores.
Según Fernández, el control sobre estas empresas grandes es casi inexistente, ya que la organización mencionada ha tenido influencia sobre la municipalidad durante muchos años y esta situación persiste hasta hoy, lo que dificulta cualquier intento de fiscalización efectiva.
El exdirigente afirma que en la Subgerencia de Circulación Vial se estarían autorizando anulaciones de papeletas, incluso en casos de infracciones graves como las M1 y M2, y recuerda que un funcionario anterior reportó la existencia de 25 millones de soles por cobrar en papeletas no ingresadas al sistema oficial.
Sostiene que muchas papeletas no son registradas en el sistema, sino que se archivan, lo que hace que miles de multas no aparezcan en los registros municipales, afectando directamente los ingresos y la transparencia de la gestión.
El entrevistado menciona que la Subgerencia de Circulación Vial, actualmente a cargo de Edwerson Willian Pacori Paricahua, sería la responsable de estas anulaciones, que se aplicarían tanto a infracciones antiguas como recientes, lo que genera dudas sobre los beneficios económicos que podrían estar detrás de estas acciones.
Fernández comenta que la anulación de una papeleta grave no sería gratuita, ya que se rumorea que el costo de este trámite puede llegar hasta cinco mil o seis mil soles, lo que representaría un ingreso ilegal considerable y un perjuicio para las arcas municipales.
Ante esta situación, Fernández plantea la necesidad urgente de una auditoría a cargo del Ministerio Público y los regidores, y considera que el propio alcalde debería solicitarla para garantizar la transparencia en la gestión y recuperar la confianza de la población.
El exdirigente sostiene que una auditoría permitiría revelar la magnitud de estas acciones irregulares, ya que se podrían encontrar resoluciones de anulación y papeletas desaparecidas, lo que serviría como prueba de las irregularidades en la gerencia de transporte y permitiría tomar medidas correctivas.
Finalmente, Fernández subraya que la población de Juliaca exige que la municipalidad actúe con transparencia y equidad, ya que solo así se podrá recuperar los millones perdidos y garantizar un servicio de transporte justo y seguro para todos los ciudadanos.
