El abogado Iván Trujillo Hilsaca criticó duramente la reciente promulgación de la Ley N° 32181, publicada ayer en el cuadernillo de Normas Legales del diario oficial, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, buscando garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP). Trujillo señaló que, lejos de fortalecer el sistema legal, esta ley tiene graves implicancias que podrían favorecer la criminalidad organizada y restringir herramientas clave para la administración de justicia.
En conversación con Valgan Verdades de Pachamama Radio, sostuvo que uno de los aspectos más controvertidos de esta normativa es la prohibición de dictar detención preliminar o prisión preventiva contra efectivos policiales que usen su armamento de forma reglamentaria. Trujillo afirmó que esta disposición es redundante, pues el artículo 20 del Código Penal ya exime de responsabilidad penal a los policías que actúan en cumplimiento de su deber constitucional. «Si la norma ya existe, esta nueva ley es inútil y sólo genera confusión», expresó el abogado, cuestionando la necesidad real de la modificación.
El segundo punto que resaltó radica en la eliminación del literal A del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal. Este apartado permitía a los jueces dictar detenciones preliminares en casos donde no hubiera flagrancia, pero existieran indicios razonables de que una persona cometió un delito. Según Trujillo, esta derogación limita severamente la capacidad de las autoridades para detener preventivamente a miembros de organizaciones criminales, incluidos casos recientes que involucraban a políticos y líderes de redes delictivas. «Han debilitado una herramienta clave para la lucha contra el crimen organizado», advirtió.
En esa línea, también indicó que esta ley podría beneficiar a congresistas y políticos vinculados a investigaciones por organización criminal. Señaló que más de 16 congresistas actuales están inmersos en procesos judiciales que han utilizado detenciones preliminares como medio para obtener pruebas mediante colaboradores eficaces. «Esta normativa es un contrabando legislativo que, bajo el pretexto de proteger a la PNP, fortalece la impunidad de la criminalidad política y común», sostuvo.
Finalmente, el abogado destacó que la norma podría promover un entorno propicio para el crecimiento de organizaciones criminales dedicadas a delitos como sicariato, extorsión, minería ilegal y tráfico de terrenos. También alertó sobre un posible uso político de la ley para desviar la atención pública de otros temas urgentes, como las recientes declaraciones polémicas de ministros y autoridades. «Esta ley no solo afecta a las instituciones judiciales, sino que también pone en riesgo a toda la ciudadanía al debilitar la capacidad del Estado para combatir el crimen», concluyó.
