El congresista Flavio Cruz, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, defendió el proyecto de ley que penaliza la difusión de conversaciones privadas de WhatsApp y correos electrónicos. La iniciativa busca sancionar a quienes publiquen mensajes digitales sin autorización, incluso con penas de hasta 52 jornadas de trabajo comunitario. Cruz declaró que «el periodista profesional es objetivo, nunca difama, nunca injuria».
El legislador aseguró que la norma no afectará a periodistas profesionales, sino únicamente a quienes denomina «malos comunicadores». Cruz afirmó que los profesionales de la prensa «jamás van a ser tocados y siempre van a ser respetados» por ejercer su labor con objetividad. El congresista distinguió entre periodistas titulados e influencers, señalando que estos últimos podrían incurrir en el delito propuesto. Además, recordó haber estudiado periodismo y trabajado en medios de Puno.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha alertado sobre los riesgos de esta reforma al artículo 164 del Código Penal. La organización gremial advierte que la propuesta podría criminalizar el periodismo de investigación y limitar el derecho ciudadano a acceder a información de interés público. Investigaciones periodísticas basadas en chats digitales han revelado casos de corrupción en los últimos años.
Debate sobre libertad de prensa
El proyecto de ley permanece en cuarto intermedio para conformar una mesa técnica que analice sus implicancias. Cruz indicó que recibió 1,493 proyectos pendientes al asumir la presidencia de la comisión, por lo que la reactivación del debate dependerá de la solicitud de los congresistas autores. La iniciativa amplía las sanciones que antes solo aplicaban a cartas y telegramas, extendiéndolas ahora a plataformas digitales y comunicaciones electrónicas modernas.
Los defensores de la reforma, como los congresistas Gladys Echaiz y Alejandro Muñante, argumentan la necesidad de proteger la intimidad y honorabilidad de funcionarios públicos. No obstante, críticos señalan que contradice principios internacionales de libertad de expresión y podría usarse para amedrentar a la prensa. La norma dejaría en manos de un juez determinar qué contenido califica como de interés público.
La discusión refleja una tensión entre el derecho a la privacidad y la transparencia en asuntos de relevancia pública. El congresista Cruz enfatizó que «siempre defendería» la reserva de fuentes periodísticas, derecho fundamental de la profesión. La ANP mantiene su posición de que esta ley constituye una amenaza al trabajo periodístico y al acceso ciudadano a información crítica sobre actos de gobierno y posibles casos de corrupción.
