Padre de menores quien es acusado de golpear hasta la muerte a su conviviente no queda exento de pensión

El Ministerio Público solicita nueve meses de prisión preventiva mientras la abuela asumiría el cuidado de las niñas con seguimiento institucional permanente

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 22/07/2026

El presunto autor del feminicidio ocurrido en Juli, provincia de Chucuito, no quedará exento de la pensión de alimentos de sus dos hijas menores, aunque permanezca bajo prisión preventiva, informó el programa Warmi Ñan.

El coordinador territorial, Yuri Mamani Hancco, explicó que la entidad verificará los procedimientos legales correspondientes para garantizar la integridad de las menores, entre ellos el tema de los alimentos.

Mamani Hancco fue enfático al señalar que la obligación del padre «definitivamente, no lo exime», incluso considerando que el acusado permanecerá detenido durante la investigación del caso.

El rol de la abuela y el proceso judicial

La abuela de las menores asumiría su cuidado, según se informó durante la entrevista, mientras el Ministerio Público solicita nueve meses de prisión preventiva contra el presunto agresor.

El Ministerio Público espera la resolución de la audiencia, programada para las cuatro de la tarde de hoy, para definir si el acusado permanecerá detenido durante el periodo de investigación del caso.

Warmi Ñan indicó que, en paralelo al proceso penal, gestiona la asignación económica mensual de 300 soles por hija, además del acompañamiento legal a la familia de la víctima.

Garantías legales y seguimiento institucional

El coordinador remarcó que la cobertura legal de la institución continúa hasta la sentencia, incluyendo la representación de la parte agraviada en caso de que el proceso llegue a instancias de apelación.

Mamani Hancco indicó que el trabajo de Warmi Ñan es articulado con el Ministerio de Justicia y la Defensa Pública, con protocolos conjuntos para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas indirectas.

El funcionario reiteró que la institución dará seguimiento permanente al caso, tanto en el ámbito legal como en el bienestar económico y psicológico de las menores afectadas.