La congresista Ruth Luque calificó como una “licencia para matar” la ley que otorga impunidad a la policía, aprobada por el fujimorismo en un contexto donde un agente policial mató a un pequeño de ocho años.
El proyecto blinda a los agentes del orden. La norma fue dictaminada por la Comisión de Constitución y exonerada rápidamente en la junta de portavoces. Su segunda votación se concretó en la Comisión Permanente sin mayor debate público.
La legisladora afirmó que esta ley cierra un ciclo de impunidad característico. Señaló que el fujimorismo niega las torturas y transgresiones a derechos fundamentales que ocurren dentro de las fuerzas armadas y policiales.
Luque recordó hechos concretos vigentes. Mencionó a los jóvenes acribillados en Huancavelica a quienes hicieron pasar por narcotraficantes. Para ella, no son hechos inexistentes, sino una realidad que exige respeto a los principios esenciales de derechos humanos.
La congresista explicó que la ley deriva las investigaciones al Tribunal Militar Policial. Esto implica que los agentes se investigarán entre ellos, una práctica de los años 80 y 90 que ya había sido erradicada por sentencias de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La parlamentaria advirtió que la vida de la gente está en juego. Afirmó que ya no se trata solo de las víctimas del gobierno, sino de cualquier ciudadano que puede sufrir un abuso indiscriminado bajo el argumento de una investigación. El riesgo recae sobre la integridad física y emocional.
Luque no confía en el Tribunal Constitucional que calificó de sumiso ante el fujimorismo. El camino para derogar la ley es político, según su postura. Su bancada priorizará presentar la derogatoria para confluir con otras fuerzas democráticas y lograr una mayoría en el Senado.
La legisladora reveló que enfrenta una denuncia para inhabilitarla. La acusan de estar detrás de las protestas de la generación Z, una estrategia que Renovación Popular mantuvo guardada un año. El caso pasará a la Cámara de Senadores para su evaluación.
Denunció que el fujimorismo instauró un desprecio absoluto por los derechos. Calificó de cobarde la actitud del presidente José María Balcázar, a quien visitó para pedirle observar la norma sin obtener resultados.
