Petroperú confirmó el reparto de S/53.2 millones en utilidades a sus trabajadores por el ejercicio 2025, en medio de una crisis que obligó al Gobierno a gestionar un rescate financiero de 2,000 millones de dólares para sostener a la empresa estatal.
El mecanismo de rescate opera mediante un fideicomiso con garantía explícita del Estado peruano, estructurado bajo un vehículo financiero especial SPV, con respaldo de banca internacional y plazo de devolución de hasta siete años.
El economista y exministro David Tuesta afirmó que «no tiene sentido repartir utilidades» en una empresa que no genera resultados consistentes, calificando la decisión como reflejo de ineficiencia y presión sindical.
Rescate encubierto con insolvencia declarada
La propia exposición de motivos del decreto de urgencia reconoce la insolvencia de Petroperú, lo que genera cuestionamientos legales sobre la validez de otorgar garantías públicas a una empresa en esa condición.
Tuesta advirtió además que los funcionarios firmantes del decreto podrían estar cometiendo una falta grave al usar recursos públicos como garantía de una empresa que el mismo documento oficial declara insolvente.
El Gobierno, a través del ministro de Economía y el primer ministro, defendió la medida argumentando que no es un rescate directo porque los fondos no se transfieren a Petroperú sino a un fideicomiso independiente.
Inacción prolongada y colapso anunciado
Desde finales de 2024 existía un plan de reestructuración disponible, sin embargo ninguna medida de eficiencia fue aplicada, y el Gobierno esperó hasta mayo de 2025 con la empresa al borde del cese de operaciones.
Tuesta cuestionó la tardanza señalando que «han esperado hasta mayo cuando ya no hay nada que hacer», sin que Petroperú haya realizado un solo cambio estructural durante ese período.
La única alternativa responsable, según el economista, era exigir eficiencia antes de cualquier facilidad financiera, condición que nunca fue impuesta a la empresa petrolera estatal.
