Una grave crisis institucional sacude la Municipalidad Provincial de Puno tras el pedido de presión preventiva contra el alcalde Javier Ponce Roque y el regidor Jonathan Guerra por presuntos actos de corrupción. Los regidores confirmaron que esta situación daña la imagen y afecta directamente el orden administrativo actual.
El regidor Arturo Mamani declaró que están viviendo una situación crítica por culpa de las autoridades involucradas que mancharon el nombre de la institución puneña. Por ello, el concejo municipal convocó a una sesión extraordinaria para este catorce de mayo donde pedirán explicaciones urgentes.
Los fiscalizadores citaron también al gerente de Transportes y Seguridad Vial para que responda por la falta de control en los mototaxis que circulan sin revisión técnica. El impacto sobre los ciudadanos es directo porque se gastó medio millón de soles en fiscalización durante el año 2025.
El regidor Salvador Hancco señaló que si el juez ratifica las medidas de detención el día veintiséis de mayo evaluarán la suspensión inmediata según la normativa vigente. Un grupo de regidores ya revisa minuciosamente la ley orgánica de municipalidades para aplicar las sanciones legales que correspondan.
Por su parte, el regidor Arturo Mamani indicó que su deber principal es restablecer el orden y recuperar la confianza de la población mediante una moción de suspensión si amerita. Los regidores aclararon que ellos no manejan el presupuesto de logística, sino que los gastos son responsabilidad de la secretaría general.
Finalmente, el Ministerio Público mantiene abierta la posibilidad de convocar a los propios regidores al proceso investigativo para aclarar todas las anomalías detectadas. La sesión del próximo jueves será determinante para conocer el futuro político de la provincia ante estos hechos que avergüenzan a Puno.
