La empresa de transportes Shalom se convirtió en el centro de atención cuando agentes especializados detectaron irregularidades en su carga. El operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Intendencia de Aduanas Puno SUNAT permitió identificar mercancía que carecía de los documentos necesarios para su circulación legal en territorio peruano.
Los investigadores procedieron a incautar 19 fardos de ropa de segundo uso que sumaban un peso total de 185 kilos. La mercadería decomisada alcanza una valorización aproximada de S/ 11,000, según estimaciones preliminares de las autoridades competentes que participaron en la intervención.
La ausencia de documentación que acreditara el ingreso legal de la mercancía al país motivó que el caso fuera derivado a instancias superiores. Las autoridades confirmaron que durante el operativo no se registraron personas detenidas, aunque las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.
El representante del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos de Contrabando y contra la propiedad intelectual de Puno (FEDA) recibió el conocimiento formal del caso para iniciar las diligencias correspondientes. Esta instancia especializada se encargará de evaluar las implicancias legales del hallazgo.
Las autoridades aduaneras confirmaron que la verificación de mercancía de origen extranjero forma parte de los controles rutinarios que se realizan en puntos estratégicos de la región. Estos operativos buscan garantizar el cumplimiento de las normativas comerciales y tributarias vigentes.
La intervención en la avenida Costanera demuestra la coordinación efectiva entre diferentes instituciones para combatir el contrabando. La Policía Nacional y SUNAT mantienen protocolos establecidos para este tipo de operaciones que protegen la economía nacional y la recaudación fiscal.
El caso de la empresa Shalom evidencia los riesgos del transporte irregular de mercancías sin la documentación correspondiente. Las autoridades reiteraron su compromiso de intensificar los controles para prevenir actividades que vulneren la legislación aduanera y comercial del país.
