Un presunto incumplimiento judicial de más de una década expone al precandidato a la alcaldía distrital de San Miguel, César Manuel Apaza Mamani, ante la opinión pública de Puno, por una deuda alimentaria que asciende a S/ 20 572.69 según el Poder Judicial.
La Resolución N.° 39 del Juzgado de Paz Letrado de Juliaca aprobó la liquidación de alimentos devengados. El expediente 00052-2005-0-2111-JP-FC-01 registra que la obligación data del 8 de abril de 2005 al 31 de agosto de 2016, once años de presunto incumplimiento.
Según el documento judicial, el demandado nunca realizó pagos a cuenta durante ese período. La deuda acumulada comprende S/ 17 775 en pensiones impagas más S/ 2 797 en intereses legales, con una cuota mensual fijada en S/ 130 que jamás se habría cancelado.
El juez Gonzalo Víctor Huamán Romero resolvió el pago íntegro en un plazo de cinco días. El fallo advierte que, de no cumplirse, el caso sería remitido al Fiscal Provincial para las acciones penales correspondientes, según consta en la resolución.
La secretaria judicial Verónica Tuco Zúñiga practicó la liquidación con detalle mensual. Cada período sin pago quedó registrado en el expediente, lo que evidencia que el presunto abandono económico fue sistemático y no circunstancial, según los documentos del proceso.
Sin embargo, en paralelo a ese historial judicial, el precandidato distribuye canastas y bebidas alcohólicas en actividades sociales con fines aparentemente electorales. «Primero abandonó sus responsabilidades como padre y ahora quiere administrar el dinero del pueblo», cuestionaron vecinos de San Miguel consultados por este medio.
La contradicción entre el historial judicial y la campaña actual genera indignación en la ciudadanía. Quienes lo señalan consideran incompatible que alguien con presuntos incumplimientos familiares documentados durante once años ahora se presente como gestor comprometido con el bienestar colectivo.
La pregunta que circula entre los vecinos es directa: si presuntamente no respondió por su propio hijo durante más de una década, ¿qué garantía ofrece para administrar los recursos de todo un distrito? La deuda judicial aún no estaría saldada, según fuentes cercanas al proceso.
La población de San Miguel exige explicaciones públicas ante un candidato que busca votos bajo discursos de compromiso social. Su historial en el expediente 00052-2005-0-2111-JP-FC-01 permanece como registro abierto, y la responsabilidad ciudadana de evaluar a sus candidatos antes de las urnas resulta, hoy más que nunca, ineludible.
