Las declaraciones juradas anuales que presentan los funcionarios públicos en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), detectan automáticamente cualquier irregularidad, según explicó Guillermo Pizarro, procurador público de la Municipalidad Provincial de Puno. El funcionario rechazó categóricamente las versiones que lo vinculan con doble remuneración en Arequipa, calificando la información como errónea.
Pizarro confirmó que ejerció como juez supernumerario en la Corte Superior de Arequipa, cargo que obtuvo mediante concurso público abierto a todos los abogados interesados. «Sí he efectivamente sido juez en Arequipa», reconoció el procurador, quien precisó que este registro no genera remuneración alguna para quienes forman parte del mismo.
El funcionario explicó que su participación en el registro de jueces supernumerarios corresponde a un proceso transparente donde los profesionales del derecho pueden postular libremente. «Es un registro en donde se concursa, los abogados que consideren necesario participar forman parte de este registro», detalló Pizarro, enfatizando la naturaleza pública del procedimiento.
Respecto al supuesto informe de Contraloría que sustentaría las acusaciones de doble pago, el procurador fue contundente: «No existe ningún informe». Pizarro insistió en que las versiones periodísticas carecen de fundamento oficial, sugiriendo que se trata de información mal interpretada o desactualizada del año 2023.
Consultado sobre posibles funciones actuales en Arequipa, Pizarro negó mantener cualquier vínculo laboral en esa región. «Yo ahorita no puedo desempeñar ninguna función», aclaró el funcionario, quien subrayó su dedicación exclusiva al cargo de procurador en Puno.
El sistema de control del Ministerio de Economía constituye una herramienta clave para prevenir incompatibilidades, según explicó Pizarro. «Ellos identifican en el momento cualquier irregularidad, entonces no puede haber ningún error», aseguró el procurador, quien confía plenamente en los mecanismos de fiscalización estatal.
Las boletas de pago constituyen la evidencia más clara para desmentir las acusaciones, según argumentó el funcionario público. «No hay doble pago, ahí están las boletas de remuneraciones que cada entidad emite», declaró Pizarro, quien asegura transparencia total sobre su situación económica.
La Contraloría General de la República realiza supervisiones anuales a todas las entidades públicas, proceso que incluye la verificación de declaraciones juradas de funcionarios. Pizarro confirmó cumplir puntualmente con estas obligaciones, presentando documentación completa cada año según los plazos establecidos por ley.
