Un depósito bancario de 5,370 soles realizado directamente a la cuenta personal del residente del Proyecto Regional de Artesanía ha desatado una investigación por presuntas irregularidades administrativas en el Gobierno Regional de Puno. La transacción, efectuada el 3 de febrero de 2025, vincula directamente al proveedor Lizardo Pedro Aguilar Lope con el residente del proyecto Froilán Larico Quispe.
La denuncia anónima recibida, señala que este movimiento financiero irregular podría ser parte de un esquema sistemático de acuerdos entre el funcionario público y el proveedor beneficiado con múltiples órdenes de compra.
La relación comercial entre el proveedor Pedro Aguilar Lope y el Proyecto Artesanías de Puno tiene varios meses de antigüedad, con contratos que superan los 230,000 soles adjudicados desde abril de 2024. La documentación confirma más de cinco órdenes de compra diferentes para diversos equipos artesanales.
El vínculo económico entre ambas partes ha levantado serias sospechas sobre la transparencia en la asignación de contratos públicos dentro del Proyecto Regional de Artesanía, especialmente considerando que el proveedor transfirió dinero directamente al funcionario encargado de supervisar su ejecución.
Entre las órdenes de compra analizadas destaca la N°2340 por 112,000 soles para adquisición de hornos a gas y eléctricos, emitida en junio de 2024. Otra orden significativa es la N°1803, fechada en mayo del mismo año, por la cual se adquirieron doce hornos a gas con un valor de 91,200 soles.
Las transacciones comerciales entre el proveedor y el Gobierno Regional también incluyen la compra de tornos eléctricos para cerámica por 16,500 soles, según consta en la orden N°4988 de octubre de 2024. Adicionalmente, la entidad adquirió equipos por 9,200 soles mediante orden N°5367 de noviembre.
La menor transacción registrada correspondió a 104 kits de vajillas de cerámica con iconografía andina por un monto total de 11,440 soles, adquiridos en abril de 2024 mediante la orden N°1038. Estos contratos corresponden a diferentes proyectos regionales para el fomento artesanal.
La transferencia bancaria a la cuenta personal del residente del proyecto constituye una clara violación de los protocolos administrativos que regulan la relación entre funcionarios públicos y proveedores del Estado. La normativa peruana prohíbe explícitamente este tipo de transacciones por configurar potenciales delitos contra la administración pública.
Los documentos analizados muestran que Aguilar Lope obtuvo contratos mediante distintos procedimientos de selección, incluyendo adjudicaciones simplificadas y contrataciones menores a 8 UIT. En todos los casos, las órdenes fueron emitidas y firmadas digitalmente por los funcionarios responsables de adquisiciones.
