El abogado Walter Apaza Zela afirma que la inseguridad ciudadana en Perú alcanzó su punto más extremo, con la criminalidad capturando casi todo el Estado y metiéndose hasta en la Policía Nacional. Esta situación genera una sensación profunda de abandono y peligro en los ciudadanos peruanos.
El nivel de inseguridad llegó a un punto máximo, casi igual que la desaprobación de la presidenta actual. La Policía Nacional del Perú enfrenta por esto un alto nivel de desaprobación ciudadana. Este hecho palpable es conocido por toda la población nacional.
Esta situación afecta incluso la salud psicológica del poblador peruano, sostiene Apaza Zela. La gente teme ser extorsionada por el delincuente común o por el mismo efectivo policial. La policía se encuentra en una total falencia operativa institucional.
El ataque a la seguridad ocurre desde dos frentes simultáneos, señala el abogado especialista. Un ciudadano se pregunta quién lo va a extorsionar, si el criminal o el efectivo policial. El extorsionador del gota a gota ya afecta gravemente a regiones como Puno y Juliaca.
Las designaciones de altos funcionarios se hicieron con total descaro según el análisis del letrado. Apaza Zela recuerda el nombramiento del señor Santiváñez como ministro del Interior. Este exministro tenía bastante relación con personas ligadas al crimen organizado.
El jefe máximo actual de la Policía Nacional también está totalmente cuestionado por la población. Esta persona prácticamente no tiene los atributos ni la formación para un cargo tan alto. La cadena de mandos compromete la eficacia en la lucha contra el crimen.
El Congreso también está metido en esta problemática, sostiene Apaza Zela con preocupación. Seis o siete normas legales ya fueron aprobadas en favor de la criminalidad. Estas leyes benefician especialmente al crimen organizado, enfatiza el abogado.
Este crimen organizado también existe dentro del aparato estatal, según el análisis del especialista. El Congreso aprueba leyes para protegerse a sí mismos. La Presidencia de la República avala esta situación promulgando las normas sin observarlas.
La reestructuración y reforma de la Policía Nacional resultan necesarias, sugiere Apaza Zela. La designación del Ministro del Interior debe recaer en una persona erudita en seguridad ciudadana. El encargado debe conocer el manejo de la lucha contra la criminalidad.
El plan de reforma tiene que partir por la moralización de la institución policial. Resulta indispensable establecer mecanismos de control interno efectivos. La lucha contra la corrupción interna policial será la más difícil de todas las tareas.
La corrupción dentro del aparato policial está en los más altos niveles, afirma Apaza Zela. Existe gente con poder y con relaciones que parten desde la cúpula estatal. «Ya prácticamente aquí le está diciendo al peruano, a ti te pongo como ministro, a uno que va a favorecer al criminal», señaló.
La SUNAT debe participar en la fiscalización de los altos mandos policiales actualmente. Muchos efectivos tienen patrimonios que superan con creces sus remuneraciones oficiales. Esto evidencia un claro desbalance patrimonial, según el especialista en seguridad.
Este gobierno entregó la policía a la criminalidad, señala Apaza Zela con contundencia. La desactivación de la DIVIAC, la división de Alta Complejidad, es una prueba de ello. Esta acción se tomó con decisión desde el despacho presidencial.
El objetivo fue evitar ser investigados por delitos de complejidad, explica Apaza Zela. El abogado sostiene que quieren simplemente evitar esta investigación especializada. Este accionar busca que no existan pruebas inmediatas de sus actos ilícitos.
La desaparición de estos equipos busca evitar la obtención de pruebas inmediatas contra funcionarios. Las evidencias probatorias pueden desaparecer con el tiempo transcurrido. Esta situación se parece a un accionar de presuntos criminales que están en el poder.
Apaza Zela ve una intencionalidad clara en la actual inacción gubernamental ante la criminalidad. Los grupos en el poder buscan apartarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La única forma de hacer prevalecer sus actos, sostienen, es sin fiscalización internacional.
El abogado Apaza Zela finaliza pidiendo a la población que se mantenga alerta ante esta situación. Los ciudadanos tienen que implementar su propia autoprotección personal. Deben cuidarse de la policía y del criminal común y corriente, aconseja el especialista.
El especialista advierte que la situación actual requiere que los peruanos tomen medidas de autoprotección. Walter Apaza Zela considera que el Estado ya no garantiza la seguridad ciudadana. Los ciudadanos deben estar preparados para protegerse de ambos frentes amenazantes.
