La intoxicación de 23 escolares del colegio Gamaliel Churata en Cabana en la provincia de San Román, tras consumir alimentos del programa Qali Warma, cumple un año sin que la justicia haya determinado responsables. La fiscal Beatriz Cahuari Durand ha concluido que no existen pruebas suficientes para atribuir responsabilidad penal en un caso que dejó secuelas graves en la salud de los menores.
Los hechos ocurrieron el 25 de marzo de 2024, cuando los estudiantes consumieron arroz chaufa preparado con conservas de pollo “Don Simón”, fabricadas por Peruvian Aliment Company SAC, vinculada a Frigoinca y su propietario Nilo Burga Malca. Los niños presentaron síntomas devastadores como fiebre, vómitos intensos y dolores estomacales que requirieron atención médica de emergencia.
La investigación fiscal está plagada de irregularidades. El informe del 21 de noviembre de 2024 revela la inexistencia de un análisis completo de las historias clínicas, imposibilitando determinar el verdadero impacto en la salud de los menores. La fiscal ha optado por una reserva provisional de la investigación, dilatando así el esclarecimiento de los hechos.
Un informe controversial de Ronald Loza Machicao, director de Higiene Alimentaria de Diresa Puno, certificó la aptitud de las conservas para consumo. Sin embargo, posteriores investigaciones periodísticas revelaron posibles pagos indebidos para evitar sanciones a la empresa proveedora de alimentos.
Declaraciones reveladoras de Noemí Alvarado Llanos, representante de Frigoinca, sugieren adulteración de conservas con aditivos y mezcla de carne de caballo. Estas revelaciones cuestionan la legitimidad de los análisis realizados por Mevalab, laboratorio con vínculos directos con la empresa alimentaria.
El abogado César Quispe Calsín, representante legal de los escolares, ha denunciado públicamente la posible impunidad del caso. Ha manifestado su preocupación por la falta de avances en la investigación y la aparente intención de archivar el expediente sin determinar responsabilidades concretas.
Los niños continúan sufriendo graves secuelas de salud. Muchos de ellos no pueden asistir normalmente a clases, presentando síntomas como inflamaciones, dolores estomacales severos y problemas neurológicos que interfieren directamente con su desarrollo académico y personal.
La investigación ha trascendido incluso las fronteras nacionales. El equipo legal ha presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando visibilizar la vulneración de derechos fundamentales de los menores afectados por esta negligencia alimentaria.
El caso revela profundas deficiencias en el programa social Qali Warma, ahora denominado Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, exponiendo la fragilidad de los sistemas de control alimentario y la necesidad urgente de garantizar la seguridad nutricional de los escolares peruanos.
