La región de Puno concentra campamentos y maquinaria de minería ilegal de oro. Una intervención policial en el distrito de Yanahuaya, provincia de Sandía, permitió identificar una presunta zona de extracción aurífera. Los agentes hallaron maquinaria pesada y cinco campamentos vinculados a esta actividad. El caso reavivó la discusión sobre la presencia de operaciones mineras fuera de los mecanismos de control estatal.
La minería informal e ilegal continúa expandiéndose en distintas regiones del Perú. Como son en las regiones de Puno, Madre de Dios, Arequipa y La Libertad se suman nuevos focos identificados en Cusco, Apurímac, Cajamarca, Piura, Loreto, Huánuco y Amazonas. El incremento del precio del oro y las limitaciones de fiscalización favorecen la expansión de esta actividad, según el análisis proporcionado.
En Cajamarca se realizaron más de 200 intervenciones contra la minería ilegal durante 2025. En Apurímac, se registraron 21 casos presuntos entre enero de 2024 y mayo de 2026 en la provincia de Aymaraes. Estas cifras muestran la dimensión del problema en otras partes del país y la presión sobre las autoridades locales.
En Loreto, un reporte de monitoreo identificó 1.518 registros históricos de dragas entre 2017 y 2026. De ese total, 704 corresponden a los años 2025 y 2026, lo que evidencia la presión que estas actividades ejercen sobre los ríos amazónicos. La interpretación de estas cifras requiere considerar la metodología y el alcance del monitoreo.
Otro hecho que generó preocupación fue la incautación de un lingote de oro de 5,31 kilos, valorizado en más de 600.000 dólares y cuyo destino era India. Este caso reavivó las alertas sobre las rutas de procesamiento y comercialización del mineral. No se han detallado aquí las circunstancias completas de la intervención.
Se advirtió que los corredores vinculados a estas actividades no se limitan al oro. También abarcan minerales como cobre, zinc, plata, estaño y carbón. Según su análisis, las operaciones involucran a extractores, compradores, financiadores y plantas procesadoras, con posibles vínculos con el lavado de activos y la corrupción.
Jacinto Ticona Huamán, exrepresentante de la Defensoría del Pueblo en Puno, cuestionó los resultados del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las limitaciones de las instituciones responsables de fiscalizar el sector. El escenario plantea desafíos relacionados con el control de las operaciones mineras, la trazabilidad del mineral comercializado, la supervisión de las plantas de beneficio y la protección de los ecosistemas afectados.
Para Ticona, una reforma integral del sector debería convertirse en una prioridad del próximo Gobierno y del Congreso. La discusión cobra especial relevancia para Puno, donde la actividad minera y sus impactos ambientales representan asuntos de interés público.
