El Noveno Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima pidió 36 meses de prisión preventiva para Ronald Loza, quien se desempeñó como funcionario de la Dirección Regional de Salud de Puno, la medida se solicita por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio en el marco de la investigación del caso Qali Warma, un programa clave para la alimentación escolar en la región.
El fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta lidera la investigación y sostiene que Ronald Loza habría aceptado pagos mensuales de la empresa Frigoinca S. A. C., la cual, según la tesis fiscal, implementó un sistema de sobornos para asegurar contratos y favores dentro del programa social, los pagos habrían empezado en febrero de 2023 y continuaron hasta setiembre de 2024.
La Fiscalía señala que el funcionario de la Dirección Regional de Salud de Puno formaría parte de una red más amplia, donde varios servidores públicos habrían recibido dinero a cambio de beneficiar a la empresa proveedora de alimentos, esta situación pone en la mira la transparencia de los procesos de adquisición y distribución de productos para los escolares puneños.
El caso Qali Warma ha generado preocupación en la población, ya que el programa atiende a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, la sospecha de corrupción en la entrega de alimentos afecta la confianza de los padres de familia y de la comunidad educativa, quienes esperan una investigación rigurosa y sanciones ejemplares en caso se confirme la responsabilidad.
Ronald Loza, según la información fiscal, habría recibido pagos de manera regular durante más de un año, lo que evidencia la existencia de un patrón sistemático de presuntas irregularidades, la Fiscalía busca con la prisión preventiva asegurar la presencia del investigado durante el proceso y evitar posibles actos de obstrucción a la justicia.
El Ministerio Público ha solicitado la medida cautelar ante el Poder Judicial, que deberá evaluar los elementos presentados y decidir si corresponde dictar prisión preventiva contra el funcionario, el proceso forma parte de un esfuerzo nacional para combatir la corrupción en los programas sociales y garantizar que los recursos lleguen realmente a quienes más lo necesitan.
La investigación del caso Qali Warma en Puno sigue en curso y las autoridades han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos, la ciudadanía permanece atenta a la resolución judicial y a las acciones que emprenda la Fiscalía para proteger el interés público y la integridad de los programas sociales en la región.
