El Banco Mundial aprobó 200 millones de dólares para financiar el convenio 025, que busca mejorar el acceso al agua y saneamiento en las ciudades de Puno y Lima durante diez años, anunció Eduardo Suni Chusi, vicepresidente del comité de vigilancia del convenio 025. Este proyecto forma parte de un programa más amplio que incluye diez iniciativas enfocadas en la cuenca del lago Titicaca, subrayó Suni Chusi.
El convenio 025 enfrenta aún la necesidad de regularizar algunos documentos, en especial el saneamiento físico legal de terrenos por parte de la municipalidad y la EPS, paso indispensable para que se autorice las siguientes fases. Ayer se sostuvo una reunión con el Ministerio de Vivienda para aclarar puntos pendientes mediante una sesión virtual con el apoyo del Banco Mundial.
El Estado peruano asumirá una contrapartida de 397 millones de soles para complementar el préstamo del Banco Mundial, que financiará el total del proyecto, explicó Suni Chusi. El compromiso estatal dará prioridad a problemas críticos de agua y saneamiento, especialmente en la ciudad de Puno.
Suni Chusi solicitó un mayor compromiso por parte de los municipios de Melgar, Chucuito, Ilave y otros para realizar declaraciones juradas y avanzar en la ejecución. En total, diez proyectos se encuentran en diversas etapas de viabilidad, mientras que otros siete están en fase de estudios técnicos.
El comité de vigilancia resaltó que la calidad del agua actual no cumple con los niveles requeridos, con niveles altos de sulfato, cloruro, arsénico y sodio. El proyecto también contempla la modernización tecnológica, que implicará un aumento del costo de operación del 15% para mejorar cobertura y calidad.
Respecto a la regularización de predios, Suni Chusi detalló que la municipalidad certificó en 2024 el saneamiento físico legal completo, y la EPS cerró duplicidades que afectaban al proyecto. Sin embargo, queda pendiente la baja de un proyecto en la zona norte de Puno, que se incorporará a la economía circular.
El convenio 025 también busca atender zonas urbanas marginales sin servicio de agua potable, por lo que se ha pedido un inventario para manejar reductivos y ajustar el proyecto según el crecimiento poblacional. Priorizarán los sectores más vulnerables para garantizar cobertura total.
El comité de vigilancia asumió funciones en 2023 y desde entonces ha trabajado para transparentar la información y establecer una línea base del proyecto, descubriendo que el avance en saneamiento era del 70% y que la tecnología actual generaba un incremento del 85% en costos operativos.
La apuesta tecnológica del convenio buscará limitar el incremento del costo a un 15% para hacer viable la mejora en la calidad y cantidad de agua. Esto será fundamental para revertir la situación en Puno, donde aún hay carencias importantes a nivel de inversiones en saneamiento.
El comité realiza sus actividades de forma voluntaria y sin recibir remuneración, dedicando tiempo para coordinar y supervisar avances. La falta de participación activa de presidentes de barrio genera dificultades para gestionar el proyecto, señaló Suni Chusi.
Las coordinaciones continúan con el Ministerio de Vivienda y se promueve un mayor involucramiento de los actores locales para evitar interferencias que retrasen el avance. El comité busca fortalecer el compromiso social y garantizar que el proyecto cumpla sus metas.
Se informó además sobre otro convenio de 2024, orientado a elaborar el perfil para una planta de tratamiento vinculada al lago Titicaca, que complementa las acciones del convenio 025 y buscará resolver problemas hidrológicos en la región.
Suni Chusi destacó la importancia de la presencia política para el seguimiento del programa, mencionando al congresista Jorge Flores Ancachi, integrante de la Comisión de Presupuesto, quien vigilará el cumplimiento de compromisos que deben culminar este año.
El programa completo previsto por el Banco Mundial incluye el saneamiento de cinco áreas clave en Puno, además de intervenciones en Villa María del Triunfo y Pachacamac en Lima, buscando un impacto integral en zonas urbanas críticas de ambas ciudades.
Finalmente, el vicepresidente del comité reafirmó el compromiso de seguir trabajando junto a autoridades y líderes locales para asegurar que el convenio 025 genere beneficios concretos para la población, mejorando el acceso a agua segura y saneamiento en la región.
