La responsable del movimiento Manuela Ramos, Gianela Ramos Burgos, informó sobre las acciones frente a la denuncia de acoso político contra la regidora de Chucuito Juli. Adelaida Alvarado Sarmiento quien se sospecha sufre violencia psicológica desde el 2023 según reveló la defensora de derechos. La organización envió un documento al Concejo Municipal Provincial de Juli exhortando a informar por los hechos del 21 de octubre y solucionar la situación de violencia advertida que continúa sin respuesta oficial.
Alvarado Sarmiento identificó el acoso desde el primer encuentro de mujeres autoridades en 2023 organizado por Manuela Ramos. Ramos recordó que conversaron sobre acoso político y cómo identificarlo cuando las nuevas autoridades ingresaban a la gestión. «Todo lo que ustedes han hablado en este evento me pasa en la municipalidad», expresó la regidora durante ese encuentro regional. Desde entonces sufre limitaciones para hablar, no le entregan documentos y le impiden realizar su función de fiscalización en sesiones de concejo.
El evento donde denunció públicamente fue transmitido por medios de comunicación generando represalias inmediatas según relató Ramos. En la siguiente sesión municipal los miembros del consejo la cuestionaron diciéndole cómo era posible que públicamente haya difamado al Concejo Municipal de que la maltratan. Ella desde ya había advertido que era víctima de violencia y maltrato psicológico. Manuela Ramos y la Red de Mujeres Autoridades enviaron documento respaldando a la regidora pero hasta el momento nunca respondieron.
El alcalde de la provincia Raúl Anchapuri salió al frente tratando de negar y desacreditar las declaraciones de la regidora. Ramos señaló que probablemente busca acallar a Alvarado Sarmiento aunque no ha hablado directamente con la autoridad. «Como él bien lo ha dicho en las entrevistas que se muestren pruebas», indicó recordando que hay cámara dentro del Concejo Municipal que graba. Las sesiones de consejo son públicas entonces no hay qué esconder si todo se hace en marco de transparencia y legalidad.
Ramos señaló que los medios de comunicación serían importantes para esclarecer esta situación y frenar este tipo de violencia contra las mujeres. Las autoridades de la provincia de Chucuito deben pedir transparencia sobre los hechos del 21 de octubre. Probablemente el alcalde está tratando de manipular a su favor la situación para evitar mayores represalias según advirtió la defensora. Sin embargo no es el primer caso ya que varias autoridades denuncian este tipo de violación a sus derechos cuando ocupan cargos políticos.
Desde 2018 o 2014 vienen documentando casos de acoso político contra mujeres autoridades según precisó Ramos. Hay regidoras que viven este tipo de violencias de distintas formas pero prefieren no denunciar. Los casos conocidos como el de Juli y zona norte han sido porque ellas decidieron salir al frente. Muchas autoridades incluyen regidoras solamente para cumplir con la paridad de género sin dejarlas participar activamente en los consejos municipales según denunció la representante de Manuela Ramos.
Este es el costo que tienen que pagar muchas regidoras por estar en estos espacios políticos según explicó Ramos. Este tipo de violencia sucede precisamente porque muchas mujeres quieren cumplir su función de fiscalización. Las mujeres enfrentan temor a la sanción social preguntándose qué dirá la población. Detrás de ellas hay todo un grupo familiar con hijos y esposos además de población a la que representan. Por ese temor muchas veces prefieren no denunciar y se callan mientras Manuela Ramos respeta estas decisiones sin obligarlas.
Se revictimiza a la víctima por parte de la autoridad y la propia sociedad según denunció Ramos criticando esta práctica. En 2014 y 2015 cuando hablaban sobre acoso político les decían que las mujeres se victimizan pero esa es la política. «Para qué entonces se meten en política», recuerda que les cuestionaban normalizando este tipo de violencias. Como si sufrir violencia fuera parte natural de la arena política y las mujeres no tuvieran derecho a quejarse sabiendo a dónde se metían.
Esta normalización refuerza la violencia y da más poder a quienes la perpetran según analizó Ramos sobre el problema estructural. La sociedad y la población no deben permitir ni normalizar estos actos que se dan contra las mujeres. Más allá de ser mujeres son seres humanos sujetos de derecho y merecen el mismo respeto y trato en todos los espacios. Ramos exhortó a medios y autoridades de Chucuito a investigar los problemas que suceden en las municipalidades donde muchas regidoras sufren acoso político sin poder denunciar por presiones sociales y familiares que las silencian sistemáticamente.
