El consejero regional de Yunguyo, Rolando Rivera Zevallos, presentará una denuncia formal contra profesionales del Proyecto de Titulación de Tierras Rurales, dependiente del MIDAGRI tras confirmar que seis trabajadores habrían entregado documentación falsificada para acreditar experiencia laboral y así obtener contratos en este importante programa gubernamental.
Las presuntas constancias laborales falsas violarían directamente el punto 10.2 de los Términos de Referencia, inciso d), que prohíbe explícitamente la presentación de documentación adulterada para acceder a puestos técnicos y administrativos en la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS) del Gobierno Regional.
Rivera Zevallos indicó que estas irregularidades administrativas podrían constituir no solo faltas administrativas sino también delitos penales, por lo que anunció la formulación inmediata de denuncias contra los responsables identificados durante la supervisión realizada al controversial proyecto de titulación rural que opera en la región altiplánica.
La gravedad de estas presuntas falsificaciones se intensifica considerando que el proyecto PTRT3 ya enfrentaba cuestionamientos por la drástica reducción en la contratación de personal, pues de los 111 profesionales requeridos originalmente, solo se habrían incorporado 28 trabajadores durante el presente año 2025.
El consejero por la provincia de Yunguyo explicó que estas irregularidades en la contratación de personal coinciden con una preocupante modificación en las metas del proyecto, que redujo la proyección inicial de titular 48 mil predios en 2024 a solo 18 mil en ese mismo año, para finalmente establecer una meta reducida de apenas 12 mil predios para 2025.
Las falsificaciones denunciadas podrían explicar parcialmente el deficiente desempeño del programa, pues los seis trabajadores cuestionados habrían obtenido contratos fraudulentamente sin contar con la experiencia real necesaria para ejecutar eficientemente las labores de titulación en comunidades y centros poblados de la región Puno.
Las autoridades del Gobierno Regional deberán responder ante estos graves señalamientos que comprometen la transparencia y credibilidad del proceso de titulación rural, considerado estratégico para formalizar la propiedad de miles de familias campesinas en esta región fronteriza.
Las consecuencias de estas presuntas irregularidades afectan directamente a comunidades enteras que continúan en espera de formalizar legalmente sus propiedades, perjudicando su seguridad jurídica y limitando su acceso a programas de desarrollo productivo vinculados a la titularidad formal de sus tierras.
